La comisión de Economía del Parlamento andaluz aprobó ayer, por unanimidad, una propuesta presentada por el PSOE, en la que se insta al Gobierno andaluz a acometer, incluso, modificaciones legales para obligar a las corporaciones locales y las sociedades, patronatos y fundaciones que dependen de ellas a facilitar los datos que faciliten su control público. La resolución se acordó tras el informe de fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Marbella entre los ejercicios de 1990 y 1993 -presentado en la Cámara andaluza en mayo-, y en el que la Cámara de Cuentas detectó indicios de delito por apropiación indebida y resaltó las dificultades para conocer operaciones de la corporación gobernada por Jesús Gil desde 1991. La ausencia de transparencia contable y los retrasos no afectan sólo, sin embargo, al consistorio marbellí. Rafael Navas, consejero mayor de la Cámara de Cuentas, presentó ayer un informe de la fiscalización del sector público local andaluz en 1996 a la comisión de Economía del Parlamento y sus conclusiones son tajantes. Según los datos recogidos en el documento, de los 770 ayuntamientos andaluces, sólo el 61% rindieron cuentas a la Cámara y el 78% las enviaron con retraso. El informe de la Cámara de Cuentas señala también que únicamente el 2% -diez ayunta-mientos- se ajustaron a la obligación legal de aprobar los presupuestos en el plazo fijado por la ley -31 de diciembre del año anterior al ejercicio en que deba aplicarse- y ninguna de las ocho diputaciones provinciales se ajustaron a esa fecha. El retraso en la aprobación obstaculiza, según la Cámara, el reparto de recursos públicos entre los proyectos municipales y provinciales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de septiembre de 1999