La Fiscalía de Málaga presentó ayer cuatro querellas contra otros tantos armadores por entender que, al pescar inmaduros, cometieron un delito contra la fauna. La decisión no tiene precedentes ya que hasta ahora, los infractores sólo se exponían a una multa. La vía penal se abre justamente el día en que la Junta y el Gobierno acordaron endurecer los controles contra los furtivos que esquilman los caladeros. En el caso de las querellas, todas las embarcaciones eran legales y tenían permiso para atracar en el puerto de Málaga. De hecho, allí se practicaron los decomisos. Todos los barcos fueron sorprendidos con una media de 600 kilos de alevines e incluso un par de ellos eran reincidentes. El caso más grave es el del Portosol, al que en un mes se le incautó un total de 1.250 kilos. Los querellados se exponen a penas de cuatro a ocho meses de multa y de tres a ocho años de retirada de la licencia de pesca. El Código Penal permite perseguir la pesca de inmaduros, pero no la comercialización y el transporte, que no están tipificados como delitos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de septiembre de 1999