El Gobierno de Brasil confirmó ayer que recortará aún más sus gastos tras el revés que sufrió en los tribunales el pasado jueves su iniciativa de aumentar la carga tributaria a los funcionarios públicos y mantener la de los jubilados, y así cumplir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)."Las medidas serán entregadas a lo largo de esta semana al presidente Fernando Henrique Cardoso para que escoja las más adecuadas, porque no podemos compensar los 2.400 millones de reales (200.000 millones de pesetas) que el Gobierno dejará de recaudar por la decisión judicial", declaró ayer el ministro de Hacienda, Pedro Malan.
Al rechazar la propuesta del Gobierno, el Tribunal Supremo Federal perpetúa una situación peculiar: 917.000 funcionarios públicos jubilados reciben una media de 155.000 pesetas mensuales, y consumen 1,5 billones de pesetas al año. Mientras tanto, los casi 19 millones de pensionistas del sector privado suponen 3,7 billones de pesetas al año, ya que cada uno recibe mensualmente 20.150 pesetas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de octubre de 1999