El PSOE de Cádiz llevará al fiscal anticorrupción diversos documentos relacionados con el Ayuntamiento de Tarifa, según adelantó ayer el programa Hora 25 de la Cadena SER. Los socialistas denuncian irregularidades en un proyecto urbanístico defendido por el anterior gobierno local, integrado por cinco ediles de Tarifa Agrupación Independiente Popular (TAIP), tres del PP y un tránsfuga del Partido Andalucista.
El Gobierno de Tarifa lo forman hoy cuatro concejales del TAIP, otros tantos del PP y el alcalde, Juan Andrés Gil, un tránsfuga expulsado de Izquierda Unida. Los ocho representantes socialistas han quedado en la oposición.Los miembros del PSOE han remitido a sus servicios jurídicos dos cartas remitidas desde el Ayuntamiento tarifeño, en octubre y noviembre de 1997, y dirigidas al titular de un despacho de abogados de Cádiz. Las misivas, selladas por el registro general municipal y firmadas por el exalcalde José Fuentes, y el exprimer teniente de alcalde Antonio Casado, hacen alusión a una conversación previa entre las partes e informan al abogado de que será posible llevar a cabo un proyecto de "instalación turística de alto standing, englobando zona residencial, chalés de lujo y campo de golf en la finca denominada dehesa El Chaparral".
Para avalar la operación, Fuentes y Casado comunican a la parte interesada que el proyecto "se puede englobar dentro de las mejoras en infraestructuras que requiere el Plan de Ordenación Turístico que se va a empezar a ejecutar de inmediato". También aseguran: "Se podrían convenir las modificaciones y distintas actuaciones dentro del PGOU [Plan General de Ordenación Urbana] de Tarifa a fin de que su proyecto se realice en nuestro municipio".
Los socialistas interpretan la carta como "una invitación a comprar un terreno rústico que va a cambiar de uso y de valor en el futuro", lo que constituye, a su juicio, "un caso claro de información privilegiada".
Junto a las dos cartas, van a entregar al fiscal una cinta magnetofónica en la que supuestamente dos promotores inmobiliarios conversan sobre el pago de comisiones millonarias a algunos concejales de la anterior corporación.
La finca El Chaparral fue adquirida finalmente por una empresa radicada en Estepona (Málaga) y representada por el gibraltareño Anthony Napoli, que firmó un convenio con el exalcalde meses antes de concluir el anterior mandato.
El municipio, que recibió 75 millones de pesetas por adelantado, se compromete a recalificar el suelo de la finca para permitir una operación inmobiliaria por valor de 25.000 millones de pesetas. Ese suelo está protegido por tres normativas medioambientales que impiden su desarrollo inmobiliario.
Las Consejerías de Medio Ambiente y de Cultura de la Junta andaluza han anunciado su oposición al proyecto. El exalcalde no respondió ayer a las llamadas de este periódico.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de octubre de 1999