Una de las pruebas de la estabilidad de un sistema político democrático es la forma en que opera la distinción entre responsabilidad política y responsabilidad penal. Cuanto menor es la tradición democrática, mayor es la tentación de anular en la práctica la responsabilidad política, en la confianza de que no será fácil demostrar la responsabilidad penal.Aunque los españoles no debemos pensar que lo que ocurre en los demás países europeos es muy distinto de lo que ocurre en España, pues nuestros sistemas políticos se parecen cada vez más no sólo en las normas sino también en la práctica, no deja de ser verdad que, en lo que a exigencia de responsabilidad política se refiere, vamos con un cierto retraso. La conducta de José Borrell, dimitiendo de su condición de candidato a la presidencia del Gobierno, tras conocerse las aventuras de los inspectores Aguiar y Huguet, llamó tanto la atención por lo insólito, cuando lo que debería haber llamado la atención es que hubiera podido actuar de manera diferente.
El recurso a la responsabilidad penal es índice de un fracaso del sistema político. Lo que puede ser resuelto políticamente no debe serlo a través de la Administración de Justicia. Esto es algo que los agentes del proceso político no deberían olvidar nunca.
Ahora bien, para que un asunto pueda ser resuelto políticamente, resulta imprescindible que el comportamiento de los mencionados agentes del proceso político responda a unas reglas democráticas que se pueden calificar como reglas mínimas y que, en ningún caso, pueden ser excepcionadas. Y, entre ellas, la primera es la de no impedir el acceso a la información por parte del gobierno de la institución que sea a los partidos de la oposición. Cuando esta regla no se cumple, se puede apostar doble contra sencillo a que el tema acabará ante los tribunales de justicia.
Este es el camino al que parece encaminarse el caso del Palacio de Deportes de Málaga. A la vista del comportamiento de la alcaldesa, que en esto, dicho sea de paso, no parece diferenciarse mucho del de otro alcalde de la misma provincia, a los partidos de la oposición no les va a quedar otra vía para acceder a la información en su integridad que acudir a los tribunales, para que sea el juez el que solicite al Ayuntamiento la información pertinente.
¿Cómo es posible que no se haya dejado visitar el Palacio a los concejales de la oposición? ¿Cómo es posible que no se haya puesto a disposición de dichos concejales de manera inmediata el expediente administrativo en su integridad? ¿Se va a tener que averiguar por vía judicial si ha desaparecido documentación relevante?
No dispongo de información para saber si la actuación del equipo de gobierno de la ciudad de Málaga y la de los técnicos municipales en lo relativo al Palacio de Deportes ha sido correcta o no, pero su forma de actuar tras el cierre del mismo cada día resulta menos convincente. Si todo se ha hecho bien y si en el expediente no hay ninguna irregularidad, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no se permite que el tema se aborde políticamente? ¿Es que se quiere que acabe en la vía penal?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de octubre de 1999