En representación del Reino de España, Alun Jones, fiscal de la Corona británica, consiguió la extradición de Pinochet, senador chileno y antiguo presidente, por 35 casos de tortura, que ahora habrán de ser probados ante los tribunales españoles, si alguna vez es juzgado el supuesto criminal contra la humanidad. El general, a sus 83 años, intentará salvarse a través de un bosque de recursos, tecnicismos y súplicas. En la londinense calle Bow, donde acababa de dictarse sentencia, hubo manifestantes felices y manifestantes desolados. Alguien lo irá leyendo en el periódico por una calle andaluza, en Sevilla, por ejemplo, por la Avenida de Carrero Blanco, antes de atravesar el Puente del Generalísimo.La sentencia del magistrado Ronald Bartle es una especie de razonamiento en público muy pensado en privado, en conciencia, y puesto por escrito con palabras claras, llenas de respeto hacia los ciudadanos que le han otorgado al juez su alta dignidad y para los que ejerce su trabajo: el juez redacta su sentencia para que, además de acatarla, la lean y la juzguen los ciudadanos. Empieza por recordar algunos prejuicios que podrían empañar su capacidad de discernimiento: los sentimientos y pasiones que el caso desata. Para personas con ideas políticas de izquierda, el senador Pinochet es un demonio, recuerda el magistrado; para las de convicción derechista es el salvador de su patria.
Pero el magistrado sólo ha de decidir si considerarlo un delincuente fugitivo, un supuesto torturador, que puede haber incurrido en crímenes contemplados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura: crímenes de individuos que buscan presionar o derrocar a gobiernos democráticos, por ejemplo, o crímenes cometidos por gobiernos contra sus propios ciudadanos. Un paseante en Sevilla, mientras celebra o deplora el fallo que decide en Londres la extradición de Pinochet, saldrá de la Avenida de Carrero Blanco, atravesará el Puente del Generalísimo, llegará a la Avenida de Sanjurjo por el Paseo de las Delicias, y desembocará en la Avenida de la Constitución: un recorrido por los últimos setenta años de la historia de España.
Al margen de las diatribas sobre barbaridades y heroísmos de rojos y nacionales en la Cruzada (uso las voces de los vencedores), quizá a este paseante andaluz le resulte extrañísimo el hecho de que, mientras allí se pide una extradición, aquí se honre, dando su nombre a una obra pública, la memoria de un individuo que, según todas las evidencias, fue uno de los maestros de Pinochet en la construcción de su modelo de Estado. El franquismo fue una máquina de construcción y mantenimiento del poder obtenido en una guerra civil (después de liquidar, capturar y rendir al enemigo) para mantener al enemigo infinitamente liquidado, cautivo y rendido, lo que supuso no sólo la vigilancia y el aplastamiento policial del adversario, sino del posible complaciente con el derrotado. Fue una máquina que quizá dio muy buenos resultados y modernizó a España, tal como los partidarios de Pinochet dicen de Chile, pero, según la ley a la que se enfrenta el senador chileno, fue una máquina criminal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de octubre de 1999