La conducta torpe y errática del Gobierno español, las amenazas y presiones del chileno, el desplante del argentino, la denuncia de una justicia colonial por el ex presidente González y, en fin, la diatriba de la ex primera ministra Thatcher contra el Gobierno británico, son los últimos síntomas de un creciente malestar que afecta al conjunto de la clase política sin distingo de fronteras nacionales. En el Gobierno o en la oposición, y por muy graves que puedan ser las repercusiones políticas de las acciones judiciales, los políticos ya no pueden parar los pies a los jueces; se comprende que estén nerviosos y que, en casos extremos, rocen el delirio.Pues lo cierto es que la tendencia del poder judicial a extenderse a la clase política ha roto, por una iniciativa del juez Baltasar Garzón que nunca será suficientemente celebrada, las sacrosantas fronteras de la soberanía nacional. Actuando como instructor de una causa penal, sin invadir terrenos que no le competen, el juez Garzón ha mostrado que en el orden democrático extendido durante la última década como único y universal horizonte de la política, la acción de la justicia puede tener profundos efectos políticos. Sin duda, la expansión del poder judicial, ahora ya un poder sin fronteras, es uno de los asuntos clave de las democracias de nuestro tiempo y, como todo cambio crucial en la relación entre poderes del Estado, sus efectos son todavía difíciles de predecir y no todos como para echar las campanas al vuelo.
Pero uno de ellos, quizá el más relevante, está claro y debe ser bienvenido: como escriben Guarnieri y Pederlozi en Los jueces y la política, la expansión del poder judicial reduce los espacios de decisión de las instituciones político-representativas. Hasta ahora, los políticos han reclamado eficazmente para sus actos una discrecionalidad absoluta derivada de un doble principio: que los ejecutan como legítimos representantes del mandato popular y que actúan guiados por la ética de la responsabilidad. Protegidos por la coraza de la soberanía popular-nacional y justificados por los resultados prácticos de sus actos más que por la persecución de un utópico deber ser, los políticos habían llegado a considerarse por encima de la ley.
Hasta qué punto esto ha sido asi lo han puesto de relieve la conservadora británica y el socialista español, ambos ex primeros ministros, ambos coincidentes en denigrar un sistema judicial por el atrevimiento de perseguir delitos presuntamente cometidos por un jefe de Estado de otro país en el ejercicio de su función. Dicen: Pinochet, un preso político; la justicia española, un remedo de justicia; los gobiernos que no han sabido parar a los jueces, unos pusilámines, o peor, unos vengadores. Cierto, el español no ha ido tan lejos como la británica, que ha llegado a afirmar entre ovaciones de sus secuaces que matar no está prohibido cuando se trata de salvar al propio país; pero por lo demás la coincidencia es abrumadora: una intromisión de la justicia, una despreocupación por los efectos de su acción, una prueba de colonialismo.
Frente a tanta palabrería gastada, el lenguaje de un juez en el ejercicio de su función ha sido suficiente para subvertir el orden de valores establecidos por la clase política. Ha bastado para eso perseguir el delito, o defender a sus víctimas, cumpliendo con la legalidad que los mismos políticos aprueban y firman pero que tantas veces se saltan por creer que habitan una región inaccesible. Garzón ha logrado con sus autos que un ex jefe de Estado sea justiciable y extraditable por delitos cometidos durante el ejercicio de su función. Es un acontecimiento histórico y en estos momentos de emoción sólo cabe rendirle homenaje porque a partir de su ejemplar instrucción, combatida para su propia ignominia por los fiscales general del Estado y jefe de la Audiencia Nacional, pero ratificada por los lores y fiscales británicos, nadie podrá torturar ni matar impunemente por salvar al mundo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de octubre de 1999