El 22 de diciembre de 1992, en el pleno del Ayuntamiento más poderoso y rico de España, 29 concejales del Partido Popular votaron a favor de una polémica que nadie ha conseguido enterrar.Aprobaron entonces la adjudicación por 100 pesetas del 49% de las acciones de la funeraria municipal a una pequeña empresa privada, Funespaña. Una medida cargada de significado político que ahora es considerada por la Fiscalía Anticorrupción como "una vasta operación de enriquecimiento en perjuicio del erario municipal", lo que ha derivado en la mayor querella fiscal sufrida por el Ayuntamiento que dirige José María Álvarez del Manzano, del PP. La acusación, sin contar a los particulares implicados, alcanza, ya sea por prevaricación, malversación o maquinación para alterar el precio de las cosas, al ex teniente de alcalde y diputado regional Luis María Huete; al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echániz, a la sazón asesor municipal; al concejal de Sanidad, Simón Viñals; al de Patrimonio, Antonio Moreno, y a otros dos ex ediles, Venancio Mota y Ángel Larroca.
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Esta batería acusadora, que el fiscal no descarta extender a más concejales de la época (como la actual presidenta del Senado, Esperanza Aguirre), se sustenta en un escrito de 106 páginas. En ellas se desbroza un mundo minado de presuntas prácticas ilegales que permitieron que el 49% de un monopolio público recién saneado (sólo había obtenido pérdidas en 1991), con una fuente de ingresos inagotable (la muerte) y que en los seis años siguientes a su privatización dio 4.000 millones de pesetas en beneficios, se vendiese por 20 duros. Un negocio redondo conseguido, según la querella, gracias a un proceso de adjudicación "predeterminado y preordenado a favor de Funespaña".
"Despojo patrimonial"
La mecánica de este supuesto "despojo patrimonial" arranca un año antes de la adjudicación, cuando la funeraria municipal firma un extraño contrato con una empresa llamada Funespaña. Por este acuerdo, la sociedad pública se comprometió a facilitar información estratégica (composición, funcionamiento y actividad) a la citada firma. Esta condición constituía una bicoca, siempre según el fiscal, para una empresa como Funespaña, creada un año antes en Almería con un millón de pesetas, sin apenas personal ni vehículos y con una licencia de actividad que únicamente le permitía trabajar en su provincia. Pero nada de ello salió a la luz.Por el contrario, el PP vendió en Madrid que Funespaña (la empresa privada) era la patronal del sector y representaba a 275 empresas. Una buena imagen para arrancar un proyecto de privatización de raíz ideológica y que se intentó sustentar en motivos económicos: el servicio público funerario tras una larga sangría económica había entrado en quiebra técnica, según el PP.
Los balances de aquellos años, sin embargo, no reflejaban semejante estado financiero y ello pese a que desde que el PP alcanzó el poder (mayo de 1989, con el CDS) los beneficios de la funeraria no habían dejado de caer. En 1989, la empresa municipal ganó 4,3 millones; en 1990, 2,8 millones. Y en 1991, cuando Álvarez del Manzano se estrenó de alcalde, llegó la primera pérdida (687 millones). Pero las causas radicaban en las fuertes inversiones en obras de mejora. Por ejemplo, en 1989, los socialistas prepararon la obra más importante de la funeraria: un tanatorio en la carretera de Toledo con capacidad para 60 salas (el que funcionaba en la M-30 disponía sólo de 20). El proyecto lo ejecutaron populares y centristas; costó 4.670 millones de pesetas y pretendía absorber toda la demanda que los hospitales iban a dejar de atender.
Por ello algunos ediles del PP que luego defendieron, impulsaron y gestionaron la privatización de la funeraria, se manifestaron en contra cuando se empezó a hablar de ella. Como Simón Viñals, concejal de Sanidad, quien el 23 de febrero de 1992, como presidente de la funeraria, aún decía: "Es un servicio esencial y sus beneficios se destinarán a la red de cementerios".
Pero el concejal cambió pronto de opinión por orden de sus jefes políticos y pasó a buscar la forma de privatizar la empresa. El 6 de julio de 1992, Viñals cordó pagar 800.000 pesetas mensuales al abogado José Ignacio Rodrigo Fernández por su asesoramiento. Algo que el letrado, según la querella, cumplió con eficacia tan demoledora como sospechosa: al día siguiente de la firma del contrato presentó un informe de 332 páginas sobre los servicios funerarios.
Con el tiempo, este experto a sueldo del Ayuntamiento, que llegó a conocer milimétricamente el servicio público que aconsejó privatizar, se convertiría en presidente de Funespaña. Un salto que, a ojos de Anticorrupción, le convierte en el "presunto organizador, artífice y beneficiario" del proceso investigado y que se explica supuestamente por sus participaciones ocultas en Funespaña.
Asimismo, este canal, siempre según la querella, permitió obtener a Funespaña información privilegiada antes de hacerse público el concurso. En este contexto, el ministerio público se apoya en una auditoria y en el informe del Tribunal de Cuentas para afirmar que en 1992 la funeraria respiraba salud por todos sus poros y que, lejos de sufrir pérdidas, habría obtenido beneficios al cerrar el ejercicio si no se hubiese alterado su contabilidad. Una irregularidad que nuevamente benefició, según la querella, a Funespaña, cuya oferta final constituyó un ejemplo de doble rasero. En un documento, destinado a ser leído en acto público por la mesa de contratación, la empresa ofrecía por el 49% de la funeraria 4.058 millones de pesetas, muy por encima de sus competidores (Fincas Navacerrada, 1.350 millones, y Servicios Funerarios de Aranjuez, 500 millones).
Pero justo en otro documento, la llamada "oferta económica", reducía sin embargo a 100 pesetas el valor del 49% del capital de la funeraria. "Un ardid permitió esta excepcional desviación entre apariencia y realidad, instrumento básico para facilitar el regalo de la funeraria a Funespaña", señala el fiscal. La jibarización del precio, según la hipótesis de Anticorrupción, se logró básicamente infravalorando la funeraria mediante pasivos ficticios. Así, en su oferta Funespaña prometió absorber un llamado "fondo de maniobra negativo" que calculaba en 2.292 millones de pesetas -cuando en realidad se cifraba en 17 millones- y a la par anunció que se haría cargo de 2.205 millones de pesetas correspondientes al 49% del pasivo laboral. "Es obvio que tal pasivo no existía, por la sencilla razón de que la sociedad no estaba en situación de liquidación y además era impensable porque hubiera supuesto que el Ayuntamiento dejara de prestar el servicio funerario, habida cuenta de que actuaba en régimen de monopolio", concluye el fiscal.
Pero la mayor andanada del ministerio público en este proceso de "manipulación arbitraria de los datos que llevaron a cabo los responsables de Funespaña y las autoridades municipales" procede, con todo, del trato que recibió la deuda de 2.275 millones de pesetas que mantenía la funeraria con el Ayuntamiento por el pago del personal.
El interventor municipal sostuvo que este dinero debía ser saldado antes de la privatización, de forma que aumentase correlativamente el valor patrimonial de la funeraria. Pero el PP desoyó la petición. Esto permitió reducir en 2.275 millones el precio de la funeraria (porque formalmente ese dinero constaba como deuda), pero sin que luego Funespaña asumiese el 49% de ese débito. Por el contrario, los 2.275 millones fueron condonados meses más tarde por el Gobierno municipal.
La última gran irregularidad que Anticorrupción considera que el Auntamiento cometió fue conceder a Funespaña un canon por la gestión, fijado en el 20% de los beneficios de la funeraria antes de impuestos, condición no incluida, según la querella, en el proceso de licitación. Con este añadido, la inicial venta de acciones se convirtió a la postre en la cesión total a una empresa privada de la gestión de un servicio público en régimen de monopolio. Y todo por 100 pesetas. Un negocio de muerte del que ahora, seis años después, la Fiscalía Anticorrupción ha desenterrado indicios de delito suficientes para armar una inquietante querella. Esta semana, los cargos del PP imputados empezarán a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de octubre de 1999