Siete de los nueve concejales que integran el equipo de gobierno de Callosa de Segura (La Vega Baja), se personaron ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela para ratificar la denuncia que presentaron, el viernes, contra tres ediles del PP, a los que acusan de intentar sobornar a un concejal socialista para traicionar a sus compañeros, integrarse en el Grupo Mixto y avalar una moción de censura para desalojar del poder local a José Pina y sentar en la alcaldía al popular Javier Pérez Trigueros.La denuncia está encabezada por José Manuel Martínez, concejal que asegura haber recibido una oferta de prebendas a cambio de modificar el color del gobierno municipal, y ha sido suscrita, además, por el alcalde José Pina y otros cinco concejales del PSPV y Democracia Socialista. Para completar el equipo de gobierno faltarían las firmas del socialista Antonio Amorós y de Francisco Zambrana, representante de EU en el Consistorio, que ayer no acudieron a la cita.
El supuesto soborno es motivo casi único de conversación en la localidad, dividida entre los que creen la versión de José Manuel Martínez y aquellos que se inclinan por apoyar a los concejales del PP denunciados, que desmienten los hechos y han anunciado una querella por injurias y calumnias contra todos los denunciantes.
El equipo de gobierno se muestra confiado en que el juez admita la denuncia y llame a declarar a los concejales populares y testigos de una reunión secreta que, supuestamente, se celebró el 28 de septiembre en una casa de la huerta. Se trata de los empresarios José Antonio Zaragoza y Luis Menargues, cuñado este último del edil que asegura haber sido presionado para abandonar la disciplina del PSPV para despejar el camino a la censura.
El primer teniente de alcalde de Callosa de Segura y portavoz de los socialistas, Segismundo Estañ, declaró ayer a las puertas del juzgado que los abogados que tramitan la denuncia ven "muchas posibilidades" de que el caso siga adelante, pese a que no existe más prueba que el testimonio de unos y otros. "Al final se desvelará la verdad", afirmó tajante Estañ, "sobre todo porque mentir a un juez es delito de perjurio y quienes actúen de esa forma pueden pasar de testigos a imputados".
Los tres concejales del PP acusados del intento de soborno aún no han presentado su querella.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de octubre de 1999