El diputado de CiU Ignasi Guardans i Cambó atribuyó ayer al PP el bloqueo en el Congreso de los Diputados, desde 1997, del proyecto de ley orgánica reguladora del procedimiento ante los juzgados de vigilancia penitenciaria -que agiliza el control judicial de la libertad condicional-, por falta de apoyos para aprobarlo.En contraste con la versión de su compañero de grupo, Manuel Silva, sobre que PP y CiU pactaron la paralización de dicho proyecto de ley (véase EL PAÍS de ayer), Guardans explicó que, a la vista de las enmiendas de CiU, susceptibles de obtener el apoyo socialista, "el PP ha optado por parar su tramitación".
Guardans aseguró que, frente al modelo del PP, que potencia el papel de los jueces de vigilancia, CiU defiende que la política penitenciaria es competencia de la Administración estatal o autonómica [la Generalitat la tiene transferida], con revisión judicial, así como que la ejecución de las penas y la posibilidad de imponer medidas sustitutivas de la condena compete a los tribunales sentenciadores y no al juez de vigilancia, como prevé el proyecto.
Los diputados de CiU atribuyen su desconfianza en los jueces de vigilancia "a la mala experiencia de la absoluta discrecionalidad con que actuó en Cataluña el juez José Ramón Manzanares", que está expedientado.
IU criticó ayer el bloqueo del proyecto de ley, que podría agilizar la suspensión de la libertad condicional de presos peligrosos, como el que mató a Mar Herrero, y propuso al Gobierno una coordinación que evite nuevas agresiones de condenados por malos tratos. El acusado de matar a su mujer, por haberla tirado desde un séptimo piso en Valencia, ingresó ayer en prisión por orden judicial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de octubre de 1999