El Tribunal Supremo ha condenado a tres años de prisión al ex alcalde socialista de Aguilar de la Frontera (Córdoba) Rafael Leiva a tres años de prisión y seis de inhabilitación como autor de un delito continuado de malversación de fondos públicos cometido en 1990 por formalizar un documento con los fontaneros municipales para que sus salarios se equipararan a los del convenio suscrito en la capital cordobesa sin que existiera para ello una partida presupuestaria concreta. El mismo tribunal condena a la misma pena al ex concejal de Régimen Interior y Personal Antonio Araque. La sentencia es firme.El Supremo rebaja así la pena que les impuso la Audiencia de Córdoba, que condenó a ambos a cuatro años, seis meses y un día de prisión y a inhabilitación absoluta durante ocho años. De esta forma la segunda instancia judicial estima parcialmente el recurso de casación planteado por ambos condenados, pero ha mantenido la tesis planteada por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera cuando formalizó en 1993 la denuncia contra Leiva, que fue expulsado del PSOE. La letrada que ha defendido los derechos del municipio, Aurora Genovés, ha anunciado que pedirá la ejecución de la sentencia, por lo que Leiva y Araque deberán ingresar en prisión.
Los hechos se remontan a 1990, cuando Leiva, pese a conocer que no existía asignación presupuestaria, aumentó el salario de los fontaneros municipales hasta equipararlos con los de sus compañeros en la capital cordobesa, lo que supuso un incremento en la retribución con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 1988, aumento del que también se benefició Antonio Araque, que ejercía de fontanero en el Ayuntamiento.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de octubre de 1999