Medios policiales y del Ministerio del Interior expresaron ayer su preocupación por el incremento que, en los últimos meses, ha experimentado el denominado terrorismo de baja intensidad en Cataluña. El sofisticado artefacto que en la madrugada del miércoles hicieron estallar los artificieros del Cuerpo Nacional de Policía en la calle de Balmes, en pleno centro de Barcelona, fue considerado en un principio por la policía como obra de ETA. Después, fue presentado como una prueba más de la escalada de violencia a la que, desde principios de año, está asistiendo la sociedad catalana.
Hasta el de ayer, hacía años que en Cataluña no se habían colocado artefactos que fueran más allá del cóctel mólotov y de las elementales bombas caseras. El artefacto depositado en la calle de Balmes, junto a la calle de Aragó y frente a una oficina bancaria, "era casero, pero elaborado, y para su confección se necesitan conocimientos que no están al alcance de todo el mundo. El de hoy [por ayer] no era un petardo pirotécnico", explicaba un experto policial.La bomba, además de una pequeña bombilla exterior -cuya función era la de advertir de su presencia-, estaba compuesta por una fiambrera metálica; en su interior había dos pequeñas bombonas de cámping gas envueltas en algodón impregnado en un líquido inflamable junto con abono nitrogenado y tornillos. La bomba tenía cebador y temporizador, todo lo cual hizo pensar a la policía que podrían encontrarse ante un artefacto etarra, ya que este tipo de bombas fueron utilizadas por la banda terrorista. La bomba tenía un alto poder deflagrador y los artificieros provocaron su explosión en el centro de la calle de Balmes sin causar ningún daño.
El Ministerio del Interior tiene contabilizados 52 artefactos explosivos desde principios de año en Cataluña. Esta cantidad duplica la registrada en el mismo periodo del año anterior, pero lo que preocupa más es el salto cualitativo: cinco de estos artefactos han sido colocados en sedes de partidos políticos -el PP, CiU y EUiA-; seis han sido dirigidos contra personas -entre ellas, varios ediles del PP-; siete contra empresas de trabajo temporal (ETT); veinte contra cajeros automáticos, como el que el pasado día 14 destruyó una instalación de este tipo en Mataró; y dos contra comisarías de policía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de octubre de 1999