El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha imputado al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital, el popular Alfonso Grau, un delito de exacción ilegal -"usar un artificio para defraudar a un ente público"- por pagar íntegramente unos conciertos musicales contratados para Fallas, pese a que éstos no reunieron las condiciones establecidas. El edil popular no acudió ayer a la comparecencia en el juzgado y delegó en su abogado, el responsable del servicio jurídico municipal.
El juez considera que de la querella presentada por los concejales del Grupo Socialista "se desprenden, en principio, indicios subsumibles en el tipo penal referido" ya que se contrató la celebración de un espectáculo musical "con un precio elevado" que se abonó pese al incumplimiento de las condiciones pactadas, las profundas críticas realizadas y las peticiones de la oposición para que no se abonase el importe por parte del Ayuntamiento de Valencia.La fiscal y la acusación particular coincidieron ayer en solicitar la imputación del delito de exacción ilegal, que está penado con penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a diez años.
Para el ministerio fiscal, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, suscribió un precontrato con la empresa Battres, en la que trabaja Jesús Wolstein -esposo de la concejal del PP Marta Torrado- por importe de 50 millones de pesetas a cambio de la celebración de dos espectáculos musicales que se celebraron los días 18 y 19 de marzo, en plenas fiestas falleras.
Según la fiscal, sin que existiese ninguna mención señalando que los conciertos no serían en directo, las actuaciones musicales se presentaron en play-back. Pese a ello, según la fiscalía, "y pese a los requerimientos en contra se abonó el precio pactado con el consiguiente perjuicio para el ente público".
Alfonso Grau no atendió ayer la comparencia judicial, alegando la celebración de un pleno en el Ayuntamiento de Valencia -donde el PP de Rita Barberá dispone de una holgada mayoría absoluta- y le representó su abogado y responsable del servicio jurídico municipal, Nestor Ramírez. En representación de los intereses del Ayuntamiento de Valencia acudió el letrado Juan Gosálvez, que es subordinado de Nestor Ramírez en el servicio jurídico municipal. El abogado de Alfonso Grau insistió en que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, tal y como señaló en un informe jurídico municipal, y porque las características de los conciertos contratados hacían deducir que eran pregrabrados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de octubre de 1999