EL JEFE del Gobierno se comprometió a buscar alternativas a la clase de religión más útiles que "jugar al parchís". Ya la ha encontrado: un proyecto de real decreto, con fuerte apariencia de inconstitucionalidad, que ha sido acogido con indignación por la oposición, sindicatos docentes y de estudiantes y asociaciones de padres laicos. Acusan al Gobierno de plegarse a la jerarquía católica, que siempre ha querido que la asignatura alternativa tenga valor curricular y sea lo bastante dura para empujar a los alumnos hacia las clases de religión. Las críticas han aconsejado a Educación esbozar una retirada parcial argumentando que se trata de "un borrador más". El proyecto (ahora con una asignatura denominada "Valores cívicos") repite un intento que ya fue desestimado por el Supremo con un sólido argumento: al incluir materias curriculares, los alumnos de religión, que no podrán aprenderlas, resultan discriminados. La religión debe ser, según el Supremo, asignatura de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria para los alumnos; evaluable, pero sin peso en la nota media para selectividad o becas. Y las actividades alternativas no deben ser ni curriculares ni evaluables, aunque sí obligatorias para quienes no pidan religión.Las 38 actividades alternativas acordadas por el Gobierno del PSOE serán sustituidas, si prosperan los planes del PP, por un bloque de valores cívicos con "las mismas exigencias académicas, metodológicas, científicas y didácticas que las demás disciplinas". El PP muestra su plena sintonía con los obispos y parece olvidar el criterio del Supremo, que literalmente considera que "no es razonable" que el derecho de un alumno a recibir clases de religión evaluables genere en otro la obligación de recibir clases alternativas también evaluables. Añádase la intención de que ambas opciones no sólo sean evaluables, sino computables para la nota media.
Hay un anacronismo de base: la idea de que para estimular el interés por la religión hay que castigar o imponer obligaciones al que no la practica. Pero además, si los valores cívicos merecen ser objeto de atención y estudio, no hay razón para privar de esa posibilidad a los matriculados en religión. El PP ha descartado que el proyecto entre en vigor en esta legislatura; pero será igual de inaceptable en la próxima.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de noviembre de 1999