El alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, admitió ayer que tiene "dudas" de que pueda cumplir el compromiso adquirido tras su investidura de aprobar inicialmente el Plan General de la ciudad antes de fin de año. Alonso atribuyó la dilación a la complejidad del proyecto. Pese a que, según dijo, "los técnicos trabajan contrarreloj", cree que el documento final no podrá presentarse hasta mediados de enero. "Depende del ritmo de trabajo del equipo técnico", justificó. El Plan General, cuya revisión lleva un retraso de varios años, se convirtió en la prioridad del Partido Popular al acceder al equipo de gobierno municipal.Los comentarios de Alonso se produjeron tras acordar el Ayuntamiento por unanimidad la cesión al Gobierno vasco de suelo para 744 viviendas protegidas, de modo que ya se han agotado las parcelas de que dispone la corporación para uso residencial. A partir de ahora, la única salida que le queda para obtener suelo consiste en adquirir propiedades en Salburua (al este) y Zabalgana (al oeste), las zonas de expansión de la ciudad. Alonso y sus socios en materia de vivienda, los socialistas, están ultimando el acuerdo con los propietarios particulares de la zona para municipalizar todo el suelo.
Alonso se fijó ayer por primera vez una fecha para cerrar las negociaciones, con o sin acuerdo: el día 20. Si para entonces los dueños privados de las tierras no se han adherido al convenio expropiatorio propuesto por el Ayuntamiento, el nuevo Plan General se aprobará sin tenerlo en cuenta y, por tanto, la corporación potenciará la expansión por Salburua y Zabalgana mediante otras fórmulas. "Si no hay convenio, nos saldría más caro porque tendríamos que expropiar más", comentó el primer edil. No obstante, el Ayuntamiento apenas tiene fondos para costear una operación así, ya que, según aseguró el propio alcalde, la corporación anterior dejó el patrimonio municipal de suelo "con sólo 200 millones de pesetas".
Con todo, el convenio entre el Ayuntamiento y los particulares "está prácticamente cerrado", admitió el alcalde. Ya existe un preacuerdo entre el gobierno municipal y los representantes de los dueños y tan sólo queda la ratificación -o rechazo- del convenio por los propios particulares.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de diciembre de 1999