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Los periodistas consideran inaplazable la reforma de la normativa audiovisual Lluís de Carrerras reclama la modificación urgente del actual CAC

Todas las voces fueron coincidentes: el actual sistema de regulación del sistema audiovisual público es obsoleto y tiene efectos perversos, no sólo para el ejercicio de la independencia profesional, sino para el derecho de la ciudadanía a una información plural. Así se expresaron los ponentes de la jornada de reflexión convocada por el Colegio de Periodistas de Cataluña bajo el lema Periodistas bajo presión. Todos coincidieron en que la reforma es inaplazable y que el debate previsto el martes en el Parlament debe ser el punto de partida.

¿Puede ser independiente un periodista? A esta pregunta respondió el principal ponente de este debate, Carles Francino, periodista de TV-3, dando la vuelta a la frase: "Cualquier periodista debe querer ser independiente" y el primer obstáculo que debe vencer es la creencia cada vez más extendida de que en periodismo ya no es posible un compromiso individual de honestidad, imparcialidad y autoexigencia profesional, independientemente del medio en que se trabaje. Francino defendió la necesidad de reforzar este compromiso individual para plantear después la necesidad de modificar, en el caso de los medios públicos, el marco legal que ahora los regula. Se trata, según Francino, de "un sistema que se limita a calcar los equilibrios partidistas y deja en mano del gobierno de turno la facultad última de dirigir los medios. Este sistema es tan evidentemente reduccionista, caduco, perverso y proclive al abuso, que me parece insólito estar aún discutiéndolo a estas alturas". El presentador de TV-3 hizo un llamamiento a que los periodistas ejerzan su responsabilidad profesional porque "el mejor aliado del poder siempre son los cobardes".En la misma línea se expresó el abogado Lluís de Carreras, presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña, quien, ante el debate del próximo martes, indicó: "Los políticos deben sentirse bajo la presión de los periodistas porque deben comprender que es necesaria una ley general que garantice la independencia, la neutralidad y el pluralismo político en los medios audiovisuales públicos". Carreras defendió la necesidad de que los partidos acuerden la reforma urgente del organismo que él preside para iniciar inmediatamente un proceso legislativo que culmine en la reforma del actual modelo.

Además de la urgencia de esta reforma, Antonio Franco, director de El Periódico, defendió la necesidad de vertebrar instrumentos internos de defensa de la independencia profesional en los diferentes medios, como estatutos de redacción y comités profesionales donde aún no los haya, y una mejor utilización de los ya existentes. "Los poderes siempre han intentado controlar la información, y seguirá siendo así, pero nosotros hemos de dotarnos de instrumentos para hacer frente a esas presiones", dijo.

A juicio de Montse Melià, periodista de RNE, la creciente precariedad laboral es ahora un nuevo elemento de merma de la independencia profesional, a lo que se añade, en opinión de Rafael Jorba, subdirector de La Vanguardia, "un cierto síndrome de Estocolmo por parte de algunos periodistas que se sienten a gusto secuestrados por el poder". Jorba criticó también, como una carencia, la tendencia de algunos profesionales a actuar no como periodistas, sino como si fueran accionistas de las empresas para las que trabajan, algo que en un momento de concentración de medios plantea la necesidad de que los periodistas se planteen "cómo defenderse de los propios grandes poderes mediáticos". Julia Otero criticó "la tendencia a convertir los medios, especialmente las emisoras de radio, en parroquias, en guetos informativos donde la realidad aparece muchas veces como una caricatura".

Todos los ponentes consideraron irreversible el estado de opinión favorable a una reforma a fondo del sistema audiovisual público, al margen de lo que ocurra el martes en el debate parlamentario. Al respecto, Narcís Serra, primer secretario del PSC, declaró ayer en Tarragona su convencimiento de que, pese a lo manifestado hasta ahora, el PP claudicará y apoyará la posición de CiU en pago a la claudicación de ésta ante la Ley de Extranjería.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de diciembre de 1999