La libertad de expresión es un valor democrático fundamental. Más aún en España, donde, en la historia reciente, sólo tiene 21 años de reconocimiento constitucional.Ese valor debe hacerse realidad en el periódico, y ello explica que los columnistas habituales publiquen, en muchas ocasiones, opiniones personales que se alejan de la línea editorial del periódico.
Hasta ahí andaríamos en el camino de los principios, que tiene muchos vericuetos, pero que resulta relativamente cómodo a la hora de pasearlo para extraer deducciones generales.
El problema se complica cuando las opiniones incluyen datos, realidades, sobre las que se construye el parecer del columnista.
El viernes, en la edición de Madrid se publicó un texto firmado por Ruth Toledano que glosaba las jornadas de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados.
El tono general era manifiestamente desdeñoso para la celebración y para los ciudadanos -24.000- que acudieron a visitar el Congreso. Hasta ahí, nada que decir, aunque pueda discutirse la oportunidad de publicarlo. Pero el Defensor ni quiere ni puede entrar en tal debate.
El problema aparece en la conclusión del texto. La columnista aseguraba con insistencia que había estado contemplando a las gentes que acudieron a la celebración y que estuvo "espiando disimuladamente". Después de enumerar las calles que albergaban las largas colas de ciudadanos que se formaron los días 4 y 5 de este mes para visitar el Parlamento se decía esto: "Porque las puertas abiertas eran las de atrás, por las que entran al edificio los trabajadores de la institución, incluidos los señores diputados. O sea, las puertas de servicio. Con lo que hubieran dado los de la cola por sentirse reinas por un día y ascender con solemnidad la escalinata de los leones. Reinas por un día".
Parece claro que la autora del texto equivocó la puerta de entrada. Así lo ha reconido y se disculpa. Desde su posición vio cómo el público entraba por la parte de atrás, para acceder a una carpa y tomar algo caliente. Pero no advirtió que volvían a salir para acceder por el portón central.
Justamente el simbolismo más visible de este acontecimiento, que se ha celebrado por tercer año consecutivo, reside en que rompe la tradición parlamentaria de reservar al Rey la entrada por la puerta principal, o puerta de los leones, cuando acude al comienzo de cada legislatura, para inaugurarla tras las elecciones generales correspondientes.
Esas puertas, permanentemente cerradas, salvo para franquear el paso al Monarca y su familia, se abren a la ciudadanía, sin distinciones, en los días inmediatamente anteriores al aniversario de la Constitución.
El gesto puede merecer la opinión que cada cual tenga por conveniente. Lo que no parece razonable es construir una crítica sobre el dato falso, o erróneo, de que los visitantes del Congreso entraban por las puertas de atrás.
El Libro de Estilo establece que "los artículos estrictamente de opinión (tribunas) responden al estilo propio del autor, y no serán retocados salvo por razones de ajuste o errores flagrantes (incluidos los ortográficos)".
Lo flagrante del error se hace patente en este caso, y alguien debió advertir a la autora del texto para que construyera su sátira sobre la realidad, suficientemente conocida.
El informe del tribunal
El jueves de esta misma semana el periódico ha incluido otro texto de opinión que riza el rizo de las extrañas posibilidades en este campo.El domingo 14 de noviembre se publicó en la sección de Sociedad una página entera, firmada por Juan G. Ibáñez, con el informe del Tribunal de Cuentas sobre el uso de fondos públicos para investigación médica entre los años 1994 y 1996.
El texto del tribunal, que el Defensor del Lector ha leído, es de una dureza crítica extraordinaria, y así se reflejaba en aquella información.
El pasado día 9, 11 ex miembros del Consejo Científico del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), que era el organismo controlado por el Tribunal de Cuentas, publicaron una extensa tribuna de opinión en la que aseguraban que la información "contiene afirmaciones que traducen un profundo y grave desconocimiento de los mecanismos propios de la evaluación científica". En otro momento se referían a "la segunda afirmación vertida en el artículo de EL PAÍS", sobre falta de control científico de los trabajos que recibían ayudas y daban por hecho "el evidente desconocimiento de los mecanismos de evaluación científica modernos".
El Defensor no sabe si la razón asiste a los firmantes de la tribuna o a las conclusiones del Tribunal de Cuentas. Eso es secundario respecto al asunto que aquí se aborda, pero lo que está claro es que los contenidos de la información no eran sino la traducción de las afirmaciones de aquel tribunal.
Quizás el único reproche que pudiera formularse es que no quedaba claro desde el principio, es decir, en los titulares, que se trataba de hechos pasados, como no podía ser de otra forma, dados los plazos con los que el Tribunal de Cuentas desarrolla su trabajo.
¿Debió el periódico advertir a los firmantes para que matizasen sus reproches en la dirección correcta? Es muy difícil pronunciarse.
Lo cierto es que no se hizo y el Defensor cree conveniente aclararlo para quienes leyesen aquella tribuna y pudiesen quedar convencidos de que la información incurría en "profundo y grave desconocimiento". No era suyo si de verdad lo había.
Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de diciembre de 1999