La fiscal solicitó ayer en la Audiencia de Valencia tres años de cárcel para cinco guardias civiles acusados de contrabando de tabaco. Según la acusación pública, los agentes se organizaron para descargar de un buque que estaba amarrado en el puerto de Valencia más de 20.000 cajetillas de cigarrillos, una mercancía que, al estar exenta del pago de aranceles, abarataba considerablemente su coste cuando se distribuía en el mercado negro. Tres de los guardias civiles juzgados se negaron a contestar las preguntas que les formuló la fiscal. PÁGINA 6
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de diciembre de 1999