Amnistía Internacional (AI) afirma que la nueva ley de Extranjería puede vulnerar el derecho de asilo si se mantiene la enmienda introducida en el Senado por el PP y aprobada en la comisión constitucional de la Cámara alta el pasado 13 de diciembre. La sección española de la organización de defensa de los derechos humanos estima que la actual redacción de esa normativa, que impone multas a las compañías que transporten a España extranjeros sin la documentación en regla y les hace asumir el coste de su repatriación, es inaceptable por cuanto que en la práctica será el personal de esas empresas el que decida si alguien tiene o no a solicitar asilo político. Si bien un párrafo posterior indica que no se considerará infracción transportar hasta la frontera a quienes a su llegada vean admitida a trámite su solicitud de asilo, AI considera insuficiente esa garantía porque así se delega la responsabilidad en las compañías. Y recuerda que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados reconoce que éstos no tienen más opción que viajar sin la documentación necesaria y que no se les debe penalizar por ello.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de diciembre de 1999