La organización ecologista onubense Higia ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la sentencia que condena a un año de prisión y al pago de una multa de cinco millones de pesetas a Patricio Barrios, director de la empresa del polo químico onubense Atlantic Copper, por un delito ecológico cometido entre los años 1994 y 1995. Los ecologistas, que se personaron en el caso como acusación, exigen la nulidad de la sentencia y que se dicte otra que añada al fallo las consecuencias civiles derivadas del delito.Patricio Barrios fue condenado el pasado año por haber autorizado, cuando dirigía Riotinto Minera, actual Atlantic Copper, el transporte de entre 40.000 y 50.000 toneladas de ceniza de pirita desde la fundición de cobre hasta una balsa de la mina, desde la que se produjo un vertido al río Tinto.
Los conservacionistas solicitan un total de 3.500 millones de pesetas por responsabilidad civil al condenado y, subsidiariamente, a la empresa. "El fin al que se destinarían esos fondos, en caso de prosperar el recurso, sería el de restaurar el medio natural afectado y llevar a cabo un estudio epidemiológico que relacionara los altos índices de cánceres de pulmón y laringe en Huelva con los vertidos y emisiones de esa empresa", explicó José Manuel Cantó, portavoz de Higia.
Por otra parte, el gabinete jurídico de esta organización ecologista estudia la posibilidad de demandar a funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente por lo que Cantó considera "contradicciones" en el proceso legal. "Si hay una condena por gestión ilegal de residuos tóxicos y peligrosos y desde la Junta se dice que ésta es correcta, algo falla. O la sentencia está equivocada, lo cual no es admisible, o la Consejería miente", dijo Cantó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de diciembre de 1999