LUIS ÁNGEL HIERRO
Las cifras de inflación del mes de diciembre, que ayer publicó el Instituto Nacional de Estadística, han sido mucho peores de lo que se vaticinaba a mediados del año pasado, cuando el Gobierno se vio forzado a cambiar por dos veces el objetivo de inflación previsto ante la imposibilidad evidente de reconducir los precios. Con una inflación del 2,9% España se sitúa a la cola de los países del euro, fuera de los márgenes que operaron en la convergencia, y en una situación que para nada favorece la competitividad.
En Andalucía, con el 2,4%, el resultado final ha sido sensiblemente mejor, aunque también muy distanciado de las medias europeas. La diferencia fundamental de la cifra regional se encuentra en el menor efecto de la expansión de la demanda, como consecuencia de que el gasto público ha estado más controlado y de que el impacto de la reforma del IRPF ha sido también menor, ya que la reforma era regresiva y beneficiaba más a las rentas más altas. Además ha sido precisamente el IPC andaluz el que ha permitido que el resultado nacional no sobrepase el fatídico 3% de inflación que, de haberse producido, probablemente hubiese hecho saltar todas las alarmas.
El problema, a partir de ahora, es la reacción que estos malos datos pueden producir sobre los salarios y en consecuencia sobre el resto de los precios. Mucho más, si tenemos en cuenta que, en una actitud claramente irresponsable, el ministro de Economía se ha permitido el lujo de anunciar que va a seguir con la misma tónica de calentamiento de la demanda por la vía de la reducción del IRPF.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de enero de 2000