El responsable de Urbanismo en el gobierno municipal, Ignacio del Río (PP), manifestó ayer que el convenio firmado con Miguel Ángel Gil, director general del Atlético de Madrid con poder ejecutivo hasta que el club fue intervenido judicialmente, el 22 de diciembre, para levantar 300 viviendas junto al Vicente Calderón no es más que el desarrollo del plan general. "Estamos cumpliendo la ley de esta ciudad", enfatizó del Río para responder a las críticas de la oposición por un acuerdo que supondrá un beneficio de 2.000 millones para el Atlético. Tanto PSOE como IU han pedido al gobierno municipal que aplace la ratificación del convenio hasta que se conozca el futuro del club rojiblanco, pero Del Río se negó ayer a ello a pesar de que el alcalde había mostrado ante los portavoces de la oposición su disposición a tener en cuenta la propuesta. "El convenio beneficia, en primer lugar, a la ciudad, con mejoras en los accesos a la M-30", argumentó Del Río en defensa de su actuación.
Matilde Fernández, portavoz socialista, pidió por su parte que las plusvalías que generara la recalificación de terrenos "reviertan en la ciudad y no en manos privadas". Inés Sabanés, de IU, señaló que su grupo votará en contra del convenio porque esa zona "está congestionada de viviendas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de enero de 2000