La eurodiputada de Nova Esquerra Maruja Sornosa advierte de que el Estado puede ser juzgado en el Tribunal de Luxemburgo por no presentar la declaración de impacto ambiental del desvío del tren en Benicàssim. El incumplimiento de la ley puede suponer además una retirada de fondos europeos de 6.000 millones de pesetas. Hace más de ocho meses que la concejal de IPB en el Ayuntamiento de Benicàssim, Rosa María Serret, presentó una denuncia ante la Unión Europea contra la actuación del Ministerio de Fomento en las obras del desvío del tren en Benicàssim, que se construye con fondos europeos. La edil aseguraba que Fomento realizó las obras sin estudio de impacto ambiental, contraviniendo la directiva europea. El pasado 27 de diciembre concluyó el plazo concedido por Bruselas pero el ministerio no presentó la documentación exigida. El Gobierno europeo concedió un mes más de moratoria, que concluye a finales de la próxima semana.
Según la eurodiputada Maruja Sornosa, si no es presentada la declaraciuón de impacto ambiental de la obra, el Gobierno español será denunciado ante el Tribunal de Luxemburgo y aparte de la decisión de los jueces, puede ser condenado a la retirada de los fondos empleados en el desvío del tren.
Sornosa afirma que el español es el Gobierno de la Unión Europea más denunciado ante el Tribunal de Luxemburgo por el incumplimiento de la normativa medioambiental.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de enero de 2000