"A mí no me da nadie lecciones de transparencia y de legalidad.Se podrá ser tanto como yo, ni un ápice más, ni un ápice menos. Ni siquiera el señor Ruiz-Gallardón". Con tal ardor defendía el 3 de noviembre de 1999 el primer teniente de alcalde de Madrid, Juan Antonio Gómez-Angulo, la legalidad y legitimidad del sistema de pluses de los concejales a través de las dietas por asistencia, o no, a los consejos de las empresas municipales, autonómicas o de Cajamadrid. El jefe de Gómez-Angulo, el alcalde José María Álvarez del Manzano, sostenía por entonces que tal cobro de dietas por parte de ausentes y presentes era "ético, legal y conveniente", en contra del criterio planteado por su correligionario Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad, que ha prohibido por ley tal práctica en las empresas dependientes de su ámbito.
Apenas unos días más tarde, el 16 noviembre de 1999, con el apoyo de los votos populares y de la oposición, el Ayuntamiento aprobaba el desmantelamiento del sistema retributivo. Una enmienda de los presupuestos rescataba 125 millones para garantizar el aumento del sueldo de los concejales y alcanzar un nivel mínimo equivalente a lo que cobra un director de servicios (unas 450.000 pesetas al mes).
Pero la ambigüedad ya presidió tal acuerdo. El alcalde explicó a la salida del pleno que no había "ni cifras ni fechas" para el cambio. Pero el PSOE entendió meridianamente que el acuerdo sobre el nuevo modelo retributivo tendría vigencia el 1 de enero de 2000. Y ha adelantado con su gesto de renuncia lo que el equipo municipal aún no ha traducido en legislación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de enero de 2000