La Consejería de Obras Públicas considera que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pego se ajusta a la "legalidad urbanística" vigente, y ha desestimado el recurso de un grupo de propietarios que pedía su impugnación al incluir dos planes urbanísticos, los referidos al Sector 2 y Benitubes, que considera "ilegales" y contrarios a sus derechos constitucionales. Los proyectos de urbanización en cuestión fueron aprobados en septiembre por el equipo de gobierno que dirige el independiente Carlos Pascual, e incluidos en el planeamiento general a pesar del rechazo generalizado de los afectados por la recalificación, a quienes el Ayuntamiento exige el pago de tasas urbanísticas millonarias para la ejecución de los planes. Los propietarios, con el respaldo de más de medio millar de firmas, pidieron a Obras Públicas que suspendiera el PGOU y paralizara la ejecución de las actuaciones urbanísticas. Alegaban que el plan general "incumplía su función social de delimitación de beneficios y cargas de la propiedad" establecida en la Constitución, para convertirse en "un instrumento de imposición de cargas". Según fuentes de Obras Públicas, el recurso de los particulares "no se ajusta a la Ley de Procedimiento Administrativo", por lo que el Consell lo ha rechazado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de enero de 2000