El Consell aprobó ayer un decreto que identifica 195 municipios de la Comunidad Valenciana considerados "vulnerables" a la contaminación de las aguas por filtración de los nitratos utilizados como abono en labores agrícolas. La Consejería de Medio Ambiente disponía de un mapa en junio de 1998 que localizaba 193 municipios como zonas de riesgo. El mapa formaba parte de un borrador de decreto que establecía un código de buenas prácticas agrarias para evitar los riesgos de contaminación.Una directiva de la Unión Europea elaborada en 1991 regulaba el uso de los abonos nitrogenados para evitar el abuso y las filtraciones contaminantes. El Estado disponía de plazo hasta 1993 para adaptar la normativa, pero sólo trasladó las exigencias europeas en 1996. La Generalitat cumple finalmente con la directiva de la Unión Europea nueve años después de su aprobación.
Las buenas prácticas agrícolas que dispone el decreto del Consell incluyen medidas para mejorar la eficiencia del riego y evitar la penetración de nitratos más allá de la superficie; utilizar fertilizantes adecuados en las épocas más eficaces; o limitar las cantidades máximas de nitrógeno, según las especies cultivadas.
La relación de municipios sensibles a la contaminación por nitratos que establece el decreto incluye 15 municipios de la provincia de Alicante, 25 en Castellón y 155 en Valencia. La zona sensible corresponde esencialmente a la franja costera comprendida entre La Marina Alta y La Plana Alta.
Instituto politizado
El Consell también aprobó la creación de un órgano asesor de la Consejería de Educación denominado Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, que estimará el grado de aplicación de las reformas introducidas en el sistema educativo en los tramos regulados por la LOGSE y los resultados de su aplicación.
La propuesta de creación del nuevo organismo recibió un informe negativo de parte del Consejo Escolar Valenciano, que lamentó la excesiva politización del instituto. La comisión rectora del instituto la constituyen el consejero de Educación, el subsecretario, el secretario y dos directores generales de la consejería; el presidente del Consejo Escolar Valenciano y el futuro presidente del nuevo organismo, que será designado por el consejero. Así, el instituto supone la creación de un nuevo cargo público pero no incluye a representantes de las universidades ni delegados de la comunidad educativa.
La propuesta de creación del organismo también fue muy criticada por CC OO, que denunció que el diseño del instituto constituía "una mala copia" del mismo organismo de ámbito estatal. Los representantes sindicales exigían que el órgano asesor se adaptara a la realidad de la situación educativa en la Comunidad Valenciana, un territorio bilingüe con un alto índice de inmigración, entre otras especificidades.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de enero de 2000