Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El juez rechaza la conciliación entre un denunciante del 'caso Zamora' y Aznar

El juzgado número 3 de Zamora, que instruye una querella por injurias y calumnias interpuesta por el presidente del Gobierno, José María Aznar, contra uno de los denunciantes del caso Zamora, el empresario Eduardo Corrales Cavarrot, rechazó ayer la celebración de un acto de conciliación entre ambos. El juez explica que la conciliación no es necesaria porque en su día ya se hizo con el PP, partido que interpuso la querella en nombre de Aznar, aunque posteriormente el presidente del Gobierno se vio obligado a ratificarla en persona, según informaron fuentes de la defensa de Corrales.

La querella de Aznar se originó por la declaración que prestó Eduardo Corrales Cavarrot en 1997 ante la fiscalía provincial que investigaba el caso Zamora, en la que aseguró que empresarios zamoranos habían pagado cheques para financiar la campaña electoral de Aznar en 1987, cuando era candidato a presidente de la Junta de Castilla y León.

En el auto dictado ayer, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Zamora, Jesús Pérez Serna, da por concluida la fase de instrucción y la práctica de pruebas sobre el presunto delito de injurias y calumnias, por lo que emplaza a la acusación particular a formular la calificación de los hechos.

La defensa de Eduardo Corrales Cavarrot ya ha anunciado que presentará un recurso de reforma contra esta decisión, ya que tiene previsto solicitar nuevas pruebas. Además, la defensa de Corrales no está de acuerdo con la negativa del juez a celebrar el acto de conciliación entre el querellante y el querellado, ya que entiende que es un requisito previo imprescindible para que siga adelante la querella.

Entre las pruebas que tiene previsto solicitar la defensa se encuentra la declaración que hizo el pasado año el constructor Antonio San Gregorio ante el Tribunal Supremo, en la que reconoció que había pagado dinero para financiar la campaña electoral de Aznar en 1987. Además, la defensa no descarta solicitar que preste testimonio el presidente del Gobierno para que aclare este asunto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de febrero de 2000