La policía federal ha puesto fin a casi 10 meses de ocupación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en una operación meticulosa, asumida directamente por el presidente Zedillo. La actuación policial ha sido impecable. Se ha desarrollado de madrugada, por sorpresa, con 2.500 agentes sin armas de fuego y con estrictas instrucciones de actuar con máxima prudencia. Dado el antecedente de la matanza de Tlatelolco en 1968, el desalojo por la fuerza de los ocupanttes de la UNAM despertaba no pocos temores. Pero ha sido un éxito, pese a las acusaciones de electoralismo de la oposición.La ocupación de la inmensa UNAM, donde cohabitan 340.000 personas, ha durado 291 días. Iniciada primero para protestar contra la subida de las tasas académicas, fue ampliando sus demandas a favor de la gratuidad y de la participación estudiantil en la reorganización de la universidad. La protesta fue degenerando al caer bajo control de los elementos más radicales. El pasado 1 de febrero la policía intervino con violencia para separar a huelguistas y no huelguistas, incluido personal no docente que quería trabajar.
Fue a raíz de esos sucesos cuando Zedillo tomó la decisión de poner fin a esta situación. Más de setecientos huelguistas han sido detenidos. Un necesario talante de reconciliación aconseja su rápida puesta en libertad. La policía se quedará en el recinto universitario de dos a cuatro semanas. El Gobierno puede invocar con razón el derecho de la inmensa mayoría de estudiantes y profesores que se pronunciaron por la reapertura de las clases, pero cometería un grave error si utilizara este argumento para mantener a la UNAM por tiempo indefinido bajo control policial. Es hora de abordar con sentido político los graves problemas de esta macrouniversidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de febrero de 2000