La Junta Directiva Nacional del PP aprobará hoy por fin el programa electoral sobre el que José María Aznar lleva creando expectación durante semanas. La cúpula del partido distribuirá un resumen de unos 60 folios entre los miembros de su directiva y un documento más abreviado aún a los medios de comunicación. El programa entero no se distribuirá hasta el próximo miércoles. En él, el PP planteará, además de distintas ofertas más o menos concretas, una serie de ocho grandes pactos de Estado, dirigidos a todos los partidos democráticos y especialmente al PSOE, su principal rival en estos comicios.En el nuevo pacto sobre financiación autonómica, el primero que se especifica en el programa popular, se abre la veda a la cesión de una parte de los impuestos denominados indirectos (hidrocarburos, tabaco) a las comunidades autónomas, en línea con lo que demandaba CiU, el socio más que probable del partido vencedor en las urnas.
Los populares fijan como criterio básico de este acuerdo los principios de solidaridad, suficiencia y corresponsabilidad. No se precisa si la cuota autonómica que se cede del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podría llegar al 50%.
El segundo gran pacto que el PP apunta ahora en su programa tiene como referente la Justicia, algo que el PSOE ha documentado en dos ocasiones durante el último año. La mayor novedad es el cambio de sistema de elección de parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ahora estaban sometidos a los avatares y posibles bloqueos de los partidos políticos y que podrían pasar a depender de una decisión de los propios jueces.
Elección a examen
Que estos representantes del máximo órgano del poder judicial, y otros de otras instituciones públicas que ahora designan los partidos en el Congreso, tengan que someterse previamente a su elección a un examen en el Parlamento es una oferta que figura en el capítulo del programa sobre regeneración democrática.
El programa del PP reitera la necesidad de lograr un gran pacto sobre la reforma del funcionamiento del Congreso, paralizada durante toda esta legislatura; y también otro gran acuerdo político para cambiar la ley Electoral. En ese punto destaca especialmente las modificaciones que se contemplan para variar el modelo de elección en los ayuntamientos, con la finalidad de premiar más que ahora a las listas más votadas para evitar los transfuguismos y conceder más estabilidad a estas instituciones.
Los populares demandan otro gran acuerdo para regular de otra manera, teóricamente más transparente, la financiación de los partidos políticos y, sobre todo, para reducir sus gastos electorales en campaña. De esa filosofía y de la menor presencia de publicidad exterior de los partidos (sobre todo en vallas y anuncios) se deduce la posibilidad de plantear un consenso sobre otro tipo de campañas, más dirigidas hacia los medios de comunicación y con más debates de todo signo.
El pacto de Estado para organizar el funcionamiento de las televisiones públicas pretende abarcar no sólo las de ámbito estatal, sino también las locales y las autonómicas. Siempre desde ese prisma, el PP se muestra dispuesto a discutir algún límite a la publicidad en esas cadenas y la posible elección del director general de esos organismos por los respectivos Parlamentos o con su supervisión.
El capítulo de grandes acuerdos políticos del programa termina con la decisión de establecer una serie de competencias, ahora transferidas a las comunidades autónomas, que podrían estar mejor gestionadas desde los Ayuntamientos, como las de asuntos sociales, deportes o empleo. Y se recuerda, finalmente, el deseo de mantener el ya existente gran pacto sobre la lucha frente al terrorismo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de febrero de 2000