El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, defendió ayer la separación de "ámbitos" de actuación entre la Iglesia y el Estado y, con irrefrenable ironía, dijo no saber qué querían decir el jueves los obispos cuando hablaron de votar "al mal menor". En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Piqué expresó también su respeto por las recomendaciones episcopales: "Tienen todo el derecho y, probablemente, están en la obligación de hacerlas".Del mismo criterio es el presidente del Congreso y candidato del PP por Alicante, Federico Trillo. "Están cumpliendo con su obligación", dijo. Según Trillo, la Iglesia tiene sus propias materias, de las que debe hablar "claro y fuerte", y, se sea o no católico, hay que respetar "una voz tan autorizada como la de la Iglesia".
Trillo indicó también que "es lógico" que no exista siempre "una total comunión o identidad" entre los principios de la Iglesia y los partidos políticos. Éstos se dedican a "los temas temporales", concluyó.
Las precisiones de Rouco
El cardenal Antonio María Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal Española, salió ayer al paso del aluvión de críticas con un lamento. Las interpretaciones periodísticas no han recogido "el nervio de la nota" episcopal, dijo.
Rouco se esforzó en aclarar el sentido del comunicado publicado el jueves por la Comisión Permanente del Episcopado ante las próximas elecciones. "El católico no está obligado a votar a un partido sin más. Está obligado en conciencia a examinar los programas de los partidos, las personas que los representan, la forma de llevarlos a cabo, a la luz de los grandes principios de la moral cristiana", dijo.
En declaraciones a la Cope, Rouco indicó asimismo que la posición de los obispos en cuestiones morales no ha variado y negó que estén promoviendo la no participación electoral de los católicos: "Al contrario, decimos que ordinariamente es un grave deber el votar". "Dentro del servicio al bien común que un cristiano tiene que hacer en su relación con los demás, en la convivencia, en el establecimiento de las grandes realidades sociales y comunitarias, es obligación el participar eligiendo a los representantes del pueblo", añadió. "Sólo si hay razones graves, extraordinarias, justificaría la abstención", concluyó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de febrero de 2000