El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha enviado una comisión rogatoria a Argentina para investigar las posesiones que tienen varios imputados en el caso AVA en ese país para proceder al embargo esos bienes por su responsabilidad civil en la quiebra de la agencia de valores aragonesa AVA. Según fuentes judiciales, las autoridades argentinas han dado su visto bueno a esta investigación de García-Castellón. Las pesquisas tienen como objetivo el embargo de las propiedades de Rafael Salama Benoliel, principal accionista de Transáfrica, del consejero delegado de Socimer (controlada por Transáfrica), Salomón Benatar y del coordinador de André & Cie, accionista de Transáfrica, Raymond Cretegny. La crisis de AVA afectó a 4.000 inversores y vino provocada por la mala gestión de Socimer, del Grupo Transáfrica.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de febrero de 2000