Un grupo de trabajadores que fueron despedidos por la empresa Ramón Vizcaíno, fabricante de equipos frigoríficos con sede en Oiartzun (Guipúzcoa), se concentró ayer frente a la Audiencia Provincial de San Sebastián, donde estaba convocada una junta de acreedores para aprobar el expediente de quiebra del grupo empresarial, presentado a mediados de diciembre pasado en el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de San Sebastián.Unos 40 trabajadores protestaron contra la estrategia negociadora de los sindicatos ELA, LAB y CC OO, que aceptaron un ajuste laboral de 198 personas para fijar la plantilla de Ramón Vizcaíno en 344 empleados. Del total de despedidos, sólo unos 40 no acataron la propuesta pactada con la empresa, que estableció unas indemnizaciones medias de tres millones de pesetas. Este colectivo también lamenta el inexistente control realizado sobre el plan de viabilidad realizado por la empresa, en cuya reestructuración participó activamente el Gobierno vasco prestando 700 millones como aval para que Internacional de Refrigeración comprara la planta de Ramón Vizcaíno en Oiartzun. El proceso judicial abierto para sustanciar la quiebra de Ramón Vizcaíno se remató ayer con la liquidación ante los acreedores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de febrero de 2000