Los sindicatos Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y CSI-CSIF piden que se investigue al actual subdirector de régimen interior de los servicios penitenciarios de la Generalitat, Francisco Vicente, del que piden la suspensión cautelar de sus funciones. Los sindicatos acusan a Vicente de "presionar a una trabajadora manipulando información sobre su vida personal y familiar". El Departamento de Justicia no quiso referirse ayer a esta exigencia de los tres sindicatos del ámbito penitenciario a los que el director general de Instituciones Penitenciarias, Francesc Jiménez Gusí, ya ha contestado diciendo que "no hay motivos para tomar decisiones contra Vicente".
Tanto Comisiones Obreras como UGT consideran que la actual situación en la cárcel de Can Brians es "explosiva y ha colocado el centro penitenciario de la Generalitat al borde del colapso", y acusan al director del centro, Andreu Estela, de mantener favoritismos con algunos internos; en concreto, con Javier de la Rosa y Estévez García, un preso que se fugó de la Modelo hace nueve meses a punta de pistola. Estos dos sindicatos señalan que la situación en Brians "está poniendo en grave peligro la integridad física de los internos y los funcionarios".
Los sindicatos denuncian que no se respeta el reglamento penitenciario en cuanto a la clasificación de los reclusos, pues se mezcla a nuevos ingresos con veteranos. Esta situación produce numerosas extorsiones de los veteranos a los recién llegados.
Las centrales sindicales acusan a la actual dirección de actuar con sistemas "franquistas". "Por ejemplo, se ha prohibido a los educadores del centro asistir a las juntas de tratamiento, lo cual vulnera el reglamento penitenciario, y se ha dejado sin dotación económica a los talleres de actividades".
Los sindicatos denuncian que estos fondos se han desviado "para realizar regalos a determinados internos". En concreto, los sindicatos denuncian que 600.000 pesetas previstas para comprar materiales de los talleres fueron utilizadas por el director de Brians para comprar tarjetas telefónicas que se repartieron discrecionalmente entre los internos elegidos.
También denuncian estos dos sindicatos que desde agosto pasado se está obligando a los funcionarios a doblar sus turnos de trabajo. A causa de ello, se está llegando a efectuar hasta 15 horas de servicio continuadas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2000