El antiguo cuartel de Lepanto, situado entre L'Hospitalet y Barcelona, en la Gran Via, empezó a derruirse ayer para dejar libres unos terrenos de 50.000 metros cuadrados en los que se construirá la ciudad judicial. Las obras durarán cinco años, costarán más de 24.000 millones de pesetas y se prevé que estén terminadas a finales del año 2006. En esa zona se instalarán todos los juzgados de Barcelona y L'Hospitalet y las 18 secciones de la Audiencia, dispersos ahora en 19 edificios.Al inicio de la simbólica demolición asistieron el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol; los alcaldes de Barcelona y L'Hospitalet, Joan Clos y Celestino Corbacho, y la consejera de Justicia, Núria de Gispert.
Pujol explicó que el equipamiento contribuirá al buen funcionamiento de la justicia, y Corbacho reclamó que se tenga en cuenta el impacto que tendrá en el transporte y la movilidad de L'Hospitalet una instalación por la que diariamente pasarán unas 20.000 personas.
Los trabajos de demolición se realizan de forma selectiva con el fin de reciclar todos los materiales para otros usos. PASA A LA PÁGINA 8
La consejera de Justicia defiende la demolición de la cárcel Modelo
VIENE DE LA PÁGINA 1 La consejera de Justicia, Núria de Gispert, insistió ayer en que la prisión Modelo de Barcelona debe ser demolida por completo y rechazó las propuestas que ha realizado en los últimos días el Ayuntamiento de la ciudad: la del arquitecto jefe municipal, Josep Anton Acebillo, para conservar parte de la estructura de la cárcel por su interés arquitectónico, y la del grupo municipal de Iniciativa per Catalunya-Verds, que defiende mantener parcialmente el edificio con el uso de centro de presos preventivos que tiene actualmente.
De Gispert explicó ayer que Barcelona es la única ciudad de España que tiene una cárcel de presos preventivos en su núcleo urbano y que no tiene sentido mantener esta situación. Por eso, explicó que en el plazo máximo de tres meses la Generalitat y el Ayuntamiento podrán anunciar un acuerdo institucional. Justicia planea que las tres cárceles de preventivos que hay actualmente en Barcelona (la Modelo, la de jóvenes de la Trinitat y la de mujeres de Wad Rass) sean sustituidas por un gran centro de presos penados que se situará en el área metropolitana.
Del mismo modo, la Generalitat es partidaria de construir otros cuatro centros menores en la ciudad de Barcelona para cumplir las penas de arresto de fin de semana e instalar las secciones de régimen abierto. En esta cuestión, no hay acuerdo entre la Administración municipal y autonómica acerca de la idoneidad de los terrenos y la financiación.
Justicia es partidaria de derruir la Modelo y contribuir a la financiación de los nuevos centros con los ingresos que genere la venta de los terrenos para la construcción de viviendas. Esta posibilidad no es del agrado del equipo de gobierno municipal, especialmente del grupo de IC-V, ni de las entidades cívicas y vecinales, que propugnan destinar este espacio a equipamientos públicos.
Edificio único
A estas reticencias se sumó hace unos días el arquitecto jefe municipal, Josep Anton Acebillo, cuando se mostró partidario de mantener el edificio, de casi un siglo de antigüedad y el único de la ciudad de planta estrellada. Sin embargo, De Gispert fue ayer muy contundente en su oposición a estas propuestas: "No hay nada que conservar y no tiene ningún sentido mantener el edificio", explicó.
La consejera añadió que las ofertas de terrenos del Ayuntamiento a la Generalitat son las mismas que en 1997, cuando se estuvo a punto de lograr un acuerdo. Sin embargo, la marcha de Pasqual Maragall de la alcaldía de Barcelona aplazó el pacto y desde entonces todas las alternativas barajadas han tropezado con algún obstáculo. El Ayuntamiento insiste en que los espacios libres que quedan en la ciudad son muy limitados y la Generalitat reitera que el nuevo Código Penal exige más centros y más pequeños para aplicar penas alternativas a la cárcel.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2000