El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Mula (Murcia) dejó ayer en libertad provisional con cargos a los cuatro valencianos detenidos el pasado miércoles en la Operación Zumo por un supuesto fraude de 1.500 millones de pesetas a los subsidios europeos para la transformación de cítricos.Al cierre de esta edición habían declarado ante el juez 11 de los 14 detenidos y todos quedaron en libertad con cargos. Anoche seguían prestando declaración tres de los siete funcionarios del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega).
El primero que declaró ante el juez, a media mañana, fue el ex director de la sucursal del Banco de Valencia en Manuel (La Costera), José Tormo. A continación, el juez interrogó a los tres corredores de fruta de la firma de Xeraco Cítricos Pardo Mahiques (Juan Salvador Pardo, Ramón Mahiques y el hijo de éste, Juan Ramón). La declaración de cada uno de ellos se prolongó cerca de media hora. Estos intermediarios reconocieron que vendieron naranjas a los empresarios imputados entre 1995 y 1997, pero aseguraron que desconocían el cobro de subvenciones, según su letrado. Los cuatro valencianos están imputados, como cooperadores necesarios, en un supuesto delito de fraude contra la Hacienda Pública. Ninguno de ellos tuvo que hacer frente al pago de una fianza, pero deben presentarse periódicamente ante los juzgados de Gandia, los más próximo a sus domicilios.
Los hermanos Juan, Joaquín y Antonio Pérez Escámez, propietarios de las empresas de transformación Golden Búlida y Mensajero Food, ubicadas en Bullas (Murcia), que compraban las naranjas de los intermediarios valencianos, tuvieron que depositar una fianza de diez millones de pesetas cada uno para salir en libertad provisional con cargos. El juez instructor les imputa un supuesto delito de defraudación contra la Hacienda Pública. Un delito castigado con penas de uno a cuatro años de prisión y multas por el séxtuplo del valor del importe defraudado.
El abogado de los intermediarios valencianos manifestó que sus clientes se encontraban imputados "por haber tenido relaciones con la empresa" de los hermanos Pérez Escámez, a la que vendían cargamentos de naranjas para su transformación en zumo, cargamentos que eran inflados con el fin de obtener fraudulentamente mayores subvenciones de la UE. Por este procedimiento, la Fiscalía estima que el fraude se eleva a los 1.500 millones de pesetas.
Los últimos en prestar declaración fueron los siete funcionarios implicados en esta trama, todos ellos adscritos al Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) en Murcia cuando se cometió el supuesto fraude. El primero en hacerlo fue Jesús Cepedo Abad, funcionario que ya estuvo imputado en el caso Alvalle y, desde entonces, destinado a "funciones ajenas a control alguno", según indicó el consejero de Agricultura murciano Antonio Cerdá. "Quien haya puesto la mano que pague", dijo Cerdá sobre la presunta implicación de los siete funcionarios en este fraude, si bien reiteró que el Fega fue transferido a la Comunidad de Murcia en 1998 "y el delito investigado se refiere a campañas anteriores". Coincidiendo con la transferencia de las competencias en la gestión de las subvenciones de la UE, el Fega pasó de contar con una decena de inspectores a tener adscritos unos 30 funcionarios bajo la dirección de Manuel Hernández Pagán, el actual director general de Agricultura e Industrias Agrarias. Cepedo y otros tres funcionarios del Fega (Cruz Pedro Vila, Fidel Santano y Julio Cacho) tuvieron que depositar una fianza de 1.250.000 pesetas para quedar en libertad provisional con cargos. Al cierre de esta edición seguían declarando los otros tres funcionarios: Mariano Martínez-Iglesias Reina, Juan Ignacio Ortega García y Clemente Viera. Sobre estos funcionarios pesa un supuesto delito de cohecho y falsificación de documento público, castigado con penas de entre tres y seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer entre dos y seis años. Sus letrados alegaron que su cometido sólo era pesar los camiones de cítricos y no incluía averiguar de dónde procedían las naranjas.
Por otra parte, unos 300 trabajadores de Mensajero Food y Golden Búlida se concentraron ayer ante los almacenes de las empresas para solidarizarse con los propietarios. "Confiamos en la inocencia de nuestros jefes, pero las consecuencias que el caso puede tener para Bullas y su comarca pueden ser desastrosas", comentó Javier Gómez, miembro del comité de empresa de Golden Búlida.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2000