El grado de independencia que han de tener los organismos dedicados a velar por la competencia empresarial en cada país no es un debate exclusivo de la campaña electoral española.Europa es un buen laboratorio para observar ese debate y las salidas por las que han optado diferentes países.
En el extremo de la máxima independencia se encuentra Alemania. El Tribunal de Defensa de la Competencia germano no tiene ningún tipo de relación con el Gobierno. Es más, lleva a gala esa distinción.
Hasta tal punto que ha movido su sede. Cuando el Ejecutivo alemán residía en Bonn, el tribunal lo hacía en Berlín. Ahora, cuando el Ejecutivo se ha trasladado a Berlín, el garante de la competencia en el país centroeuropeo se ha mudado a Bonn, comenta como significativa anécdota uno de los expertos consultados. Este modelo se ha trasladado casi miméticamente a Italia.
En el extremo opuesto se encuentran Francia y España. En ambos países, el Tribunal de Defensa de la Competencia está más controlado por el Ejecutivo, pues están ligados estrechamente a su administración.
En cualquier caso,en el seno de la Unión Europea existe una Comisaría, en estos momentos ocupada por el italiano Mario Monti, encargada de velar porque no se produzcan situaciones de monopolio.
Pero ésa no es su única misión. La Comisaría de Competencia es responsable de supervisar el grado de independencia de los organismos nacionales.
En Estados Unidos, es la poderosísima Federal Trade Comission la principal encargada de vigilar la concurrencia.
No obstante, hay ocasiones en las que su intervención no es suficiente y las partes implicadas deciden acudir a los tribunales. El juicio a Microsoft por haber incurrido en una posible posición de dominio es el episodio más llamativo de los últimos años.
Otro de los grandes debates abiertos es cómo compaginar los poderes del Tribunal de Defensa de la Competencia con los de otros organismos de control sectoriales, caso de la Comisión Nacional de la Energía o de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en España.
Una parte de los expertos, entre ellos los del PP, defiende que sea el Tribunal de Defensa de la Competencia el que centralice todas las decisiones en el ámbito de la concurrencia.
Otros, en sintonía con la tesis del PSOE, sostienen que es más aconsejable descentralizar la toma de decisiones y que éstas dependan del organismo responsable de cada sector.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2000