La financiación de los partidos, la contratación pública y las subvenciones estatales son los tres principales focos de corrupción de la sociedad moderna. Para el segundo y el tercero se han tomado medidas legales que dificultan el cohecho y la rapiña. Para el primero, ningún Gobierno ha creado todavía en España una normativa que entierre para siempre el dinero negro, las trampas contables y las facturas falsas.El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción denuncian que la ley de financiación actual es "sistemáticamente" incumplida por todos los partidos políticos con representación parlamentaria en el capítulo referente a las aportaciones privadas, las más sombrías y sospechosas.
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El órgano fiscalizador del Estado se ve impotente para analizar las donaciones anónimas que reciben los partidos y ha pedido reiteradamente al Parlamento que regule una nueva ley para que estas aportaciones sean transparentes. La naturaleza anónima de este dinero impide comprobar si se cumple el límite de 10 millones de pesetas anuales que establece la ley para las personas físicas y jurídicas. Para colmo, el Código Penal no prevé ninguna sanción para estas prácticas. El incumplimiento sale sencillamente gratis.
No han faltado intentos para superar la vigente ley orgánica de 1987, pero todos han acabado en un rotundo fracaso. La comisión parlamentaria creada en 1994 trabajó durante dos años sin conseguir las bases de un consenso. La ponencia parlamentaria, constituida durante esta legislatura, tampoco logró el acuerdo mayoritario que perseguía el Partido Popular.
La propuesta de los populares, además de mantener la financiación pública, abría la mano a las donaciones anónimas procedentes de personas físicas, admitía la financiación de personas jurídicas (empresas) y creaba la figura de las fundaciones como nuevo instrumento de financiación. En definitiva, legalizaba la financiacion privada, muy limitada en la actual ley. Los nacionalistas apoyaban el informe de la ponencia, pero el PSOE e Izquierda Unida se opusieron a una apertura a la financiación privada que, según estos partidos, no ofrecía suficientes garantías de transparencia.
La ley actual sostiene la financiación de los partidos con representación en el Congreso de los Diputados en las subvenciones públicas: unas anuales para atender a sus gastos ordinarios y otras distribuidas en función del número de escaños y de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones a la citada cámara.
La normativa autoriza también la financiación privada, pero con las siguientes limitaciones: los partidos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, aportaciones anónimas cuando la cuantía total de las recibidas en un ejercicio económico anual sobrepase el 5% de la cantidad asignada oficialmente en los Presupuestos Generales del Estado en ese ejercicio para atender a la subvención pública; las aportaciones de una misma persona física o jurídica no pueden superar los 10 millones de pesetas al año; tampoco se pueden recibir donativos de empresas públicas ni de empresas que trabajen para la Administración, y el importe de las aportaciones se abonarán en cuentas especiales.
El Tribunal de Cuentas, pese a las limitaciones que le impone esta ley en su tarea de fiscalización (incapaz de auditar las ayudas anónimas), ha demostrado que ésta se incumple sistemáticamente. Y sin consecuencias, ya que la normativa actual sólo prevé una sanción de multa que no disuade a los contables de los partidos. La impunidad es tan notoria que muchas veces los partidos se niegan a colaborar con el órgano fiscalizador que les exige y reclama sus cuentas.
Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe anticorrupción, propone que estas conductas se tipifiquen penalmente. Que se cree el delito de financiación irregular de partidos políticos. En su opinión, la ausencia de sanciones y las deficiencias de la ley en cuanto a la fiscalización del Tribunal de Cuentas han favorecido la financiación irregular de los partidos.
A las carencias de la vigente ley hay que añadir el benevolente Código Penal de 1995, en el que se rebajó la prescripción de los delitos de cohecho y falsedad documental, estrechamente ligados a la financiación irregular de los partidos, de cinco a tres años. Este periodo tan breve, "escandaloso" a juicio de la fiscalía, facilita que sus autores no puedan ser procesados ni condenados porque en la mayoría de las ocasiones el delito ha caducado.
A Gabriel Cañellas, ex presidente del Gobierno balear del Partido Popular, le salvó la campana de la prescripción pese a haber cometido un cohecho de 50 millones de pesetas por las obras del túnel de Sóller. Cuatro de los acusados en el caso Filesa tuvieron exactamente la misma suerte.
La rebaja en la prescripción de los llamados delitos "menos graves" se introdujo en el nuevo Código Penal a propuesta del PSOE. La defendió el ex diputado socialista Manuel de la Rocha. Hubo un acuerdo entre socialistas e Izquierda Unida que retiró su enmienda. El Partido Popular se abstuvo entonces, al igual que en los demás artículos del proyecto de ley, y todos quedaron sustancialmente satisfechos. La reducción de la vigencia de estos delitos beneficiaba a todos.
EN OTROS PAÍSES
Predominio de la ayuda pública y apertura a los fondos privados
Los escándalos de financiación ilegal salpican a numerosos partidos de todo el mundo y las democracias más viejas y sólidas no parecen ser ninguna garantía para librarse de la tentación en la que caen, una y otra vez, políticos de todas las tendencias.Las cuentas clandestinas de la Unión Cristiana Democrática de Alemania (CDU) y la implicación del otrora líder europeo Helmut Kohl en la recaudación de oscuros fondos, incluyendo los de un traficante de armas, son el último y traumático ejemplo de una práctica muy extendida.
En su refugio de Túnez y fugado de la justicia, fallecía recientemente Bettino Craxi, el ex dirigente socialista italiano, envuelto también en numerosos escándalos, entre los que destacaba la financiación ilegal de su propio partido.
En la actualidad, el modelo de financiación se fundamenta en un predominio de las subvenciones públicas del Estado. Salvo en el Reino Unido, éste ha sido el sistema mayoritario en Europa, pero a partir de la década de los ochenta comenzó a abrirse paso la tendencia de combinar las ayudas públicas con aportaciones de entidades privadas y particulares. Países como Francia, Alemania y Holanda, entre otros, han optado por este sistema mixto para inyectar recursos en los partidos.
Las ayudas fiscales a las empresas y particulares que entregan donativos se han considerado en países como Holanda. Allí, el argumento para apoyar esta iniciativa se presentó bajo la vitola de que los partidos actúan en interés de la sociedad.
Estados Unidos es el país donde las aportaciones de empresas y particulares tienen mayor tradición. Tampoco se han librado de los escándalos.
LOS AFECTADOS
"Hay que obligarlos a reducir gastos" J.J.Solozábal, catedrático
Juan José Solozábal, 52 años, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, ofrece una fórmula para solucionar el problema de la financiación de los partidos políticos: obligarles a un drástico recorte de sus gastos electorales. "Hay que reducir los gastos e introducir debates en la televisión y la radio pública. También se podría implicar a las privadas, porque éstas tienen sus obligaciones en la campaña electoral. El ahorro sería enorme", dice. Solozábal reprocha a los partidos que "traten al elector como si fuera un cliente sin ofrecerle argumentos y debates".
"Es culpable el que paga y el que pide" Salvador Gabarró, empresario
Salvador Gabarró, 63 años, presidente del Círculo de Economía, foro de debate catalán que aglutina a 1.500 empresarios y profesionales, ha tomado una iniciativa inédita en el ámbito español: reclamar que se cambie urgentemente la ley de financiación de partidos. "El presidente del Congreso debería constituir una comisión de expertos independientes que proponga una nueva ley de financiación y un código ético de conducta". Gabarró, gerente de Roca Radiadores, una empresa que este año facturará 250.000 millones, asegura que "la corrupción es cosa de dos" y que "es tan culpable el que paga como el que pide".
"Sin sanciones se pierde credibilidad" Ubaldo Nieto, fiscalizador
Ubaldo Nieto, de 68 años, presidente del Tribunal de Cuentas, lleva años denunciando las irregularidades contables de los partidos políticos. Pero su trabajo encuentra graves limitaciones al no existir sanciones que penalicen la falta de colaboración de los investigados y de las entidades financieras."La reiteración de las deficiencias e irregularidades detectadas en los trabajos de fiscalización, sin que lleguen a plasmarse en responsabilidades exigibles, en sanciones, puede desembocar en que disminuya la credibilidad y aceptación social del sistema y del Tribunal como institución", advierte Nieto.
EL EXPERTO
Un foco de corrupción para la democracia JAVIER PRADERA
Las nuevas funciones estatales asignadas a los partidos tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y las profundas transformaciones operadas en las sociedades occidentales durante ese periodo han creado el problema de alimentar a esas insaciables maquinarias de poder sin sobrecargar excesivamente el gasto público ni conculcar las leyes. De un lado, han pasado ya los tiempos del trabajo voluntario realizado por los sacrificados militantes de los grandes partidos de masas del movimiento obrero o de las Iglesias: lejos de contribuir gratuitamente con su esfuerzo al éxito de sus siglas, los responsables de las formaciones políticas cobran por sus servicios como funcionarios permanentes. De otro, la llamada democracia mediática ha encarecido notablemente el coste de unas campañas electorales cada vez más dispendiosas.Llegada con retraso al régimen de libertades tras cuarenta años de dictadura, España importó durante la transición no sólo el diseño de las instituciones democráticas, sino también sus defectos de fábrica. Tal y como pone de manifiesto la cadena de escándalos aflorada con la tangentopolis italiana y que acaba de tener como último eslabón a los democristianos alemanes, resulta evidente que los partidos europeos han recurrido a la financiación ilegal de sus actividades ordinarias y electorales.
La causa de esa corrupción institucional, de la que se derivan múltiples casos de corrupción individual (esta semana se ha visto obligado a dimitir Roland Dumas), no es la ausencia de fuentes de financiación legal -pública y privada- de los partidos, sino la insuficiencia de los ingresos obtenidos por esos canales ajustados a derecho para cubrir unas apetencias de dinero al parecer insaciables. Como ocurre en la gran mayoría de los países democráticos, España dispone de un sistema mixto de financiación de los partidos, cuya parte del león corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado a través de diversos cauces: subvenciones anuales para los gastos ordinarios de funcionamiento; subvenciones para las campañas electorales (legislativas, europeas, autonómicas y municipales); subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y de las asambleas autonómicas; subvenciones a las fundaciones. No son cifras menores: si el monto total de dinero público percibido por los partidos españoles bajo diferentes renglones durante los primeros quince años de vida democrática rebasó los 100.000 millones de pesetas, las partidas anuales se han venido incrementado en términos absolutos o en relación con el índice de precios desde 1993.
¿Cuál es la razón, entonces, de que los juzgados y los medios de comunicación se vean obligados periódicamente a ocuparse de denuncias sobre financiación irregular de las formaciones políticas? Es un secreto a voces que los partidos españoles han seguido el mal ejemplo dado por sus homólogos europeos y que utilizan oscuras fuentes de aprovisionamiento monetario sin renunciar por ello a seguir cobrando las subvenciones presupuestarias. Algunas sentencias del Supremo han confirmado ya la existencia de operaciones de financiación irregular a favor del PSOE (caso Filesa) y del PP (caso Sóller) ); otros sumarios, que afectan no sólo a los socialistas y a los populares, sino también a los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, se han beneficiado de la prescripción de los delitos o han sido sobreseídos por la irregularidad o la insuficiencia de las pruebas. La palanca utilizada para obtener esos fondos corsarios es la exigencia de comisiones o donativos a empresas concesionarias de servicios y contratas del Estado o favorecidas por recalificaciones urbanística como contraprestación forzosa por las decisiones políticas o administrativas que hayan tomado en su provecho cargos públicos del partido en el poder. El carácter obligadamente clandestino de esas prácticas de corrupción institucional arrastra como mal añadido la corrupción individual de quienes se ocupan o simulan ocuparse (sirvan de ejemplo Luis Roldán, Gabriel Urralburu o Juan Guerra) de realizar el trabajo sucio de financiar ilegalmente a sus organizaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2000