El Gobierno español no consiguió la complicidad de Almunia para tratar la libertad de Pinochet en el Parlamento
El Gobierno de José María Aznar puso en marcha, tras las vacaciones del verano de 1998, su viaje al centro político con vistas a conseguir en las elecciones -el 12 de marzo- una victoria más abultada sobre el PSOE. A mediados de octubre, en medio de la conferencia iberoamericana de Oporto, llegó la noticia del arresto de Pinochet. Aznar compareció junto a Fidel Castro ante la prensa. Castro quería saber cómo había sido posible la detención. Sin embargo, Aznar permaneció callado.El Gobierno dejó hacer al juez Baltasar Garzón cuando el Alto Tribunal de Justicia devolvió el 28 de octubre de 1999 la inmunidad que el arresto del exdictador había dejado de lado. Garzón recurrió. El Gobierno no se pronunció. Pocos días después, a primeros de noviembre de 1998, después de solicitar la extradición, el Gobierno cursó con una celeridad extraordinaria la petición a Londres. Aznar y su ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, explicaron al presidente chileno, Eduardo Frei, y a su ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, que el Gobierno sólo era "buzón" del juez en los temas de extradición.
Era una excusa. El Gobierno chileno lo supo enseguida. Felipe González, que se manifestó en contra del arresto de Garzón por no compartir el ejercicio de la jurisdicción española en la persecución extraterritorial de dichos crímenes y por sentirse vinculado a la transición política chilena, explicó al Gobierno de Frei que Aznar podía bloquear la extradición. Lo que pasaba, dijo González, es que Aznar no quería porque quería utilizar a Pinochet para su viaje al centro.
El profesor Luis Rodríguez Ramos, catedrático de derecho penal que asesora a la Embajada chilena en Madrid, expresó una posición parecida. El argumento de Aznar no era veraz. Existen antecedentes de bloqueo de extradiciones por parte del Gobierno de González "por razones de Estado".
El Gobierno de Aznar, según las encuestas de finales de 1998, se benefició con su celeridad en solicitar la extradición de Pinochet. Pero al mismo tiempo, quizá con la idea de que una imagen -la petición de la extradición en menos de una semana- vale más que mil palabras, Aznar fue retrocediendo paso a paso de su posición. Tanto Frei como Insulza escucharon promesas de un arreglo al margen de la justicia. Y creyeron que era posible.
Finalmente, el Gobierno decidió enviar a finales de julio de 1999 una misión especial a Chile para discutir con Frei y el nuevo canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, las condiciones de un pacto. La misión reservada recayó en Rodolfo Martín Villa, presidente de la empresa Endesa, con fuertes posiciones en el sistema eléctrico chileno y latinoamericano. Martín Villa obtuvo instrucciones del ministro Matutes y de su gabinete para negociar un arbitraje bilateral entre España y Chile a fin de zanjar el caso Pinochet. Una vez en Santiago, el empresario, hombre de confianza de Aznar y de Matutes, se reunió con el canciller y con el presidente chileno, quienes acogieron con satisfacción todos los pasos de la operación.
El programa propuesto: habría que obtener el apoyo del PSOE, luego se enviaría la propuesta al Consejo de Estado para su examen y más tarde, con el apoyo socialista, se acudiría al Parlamento español. El plan fue expuesto en la cancillería chilena y en el palacio de La Moneda, como se ha señalado, a finales de julio de 1999. Todo era perfecto. Pero al explicar su plan a Joaquín Almunia, el viernes 30 de julio de 1999, Matutes no consiguió la complicidad.
Aznar se echó atrás. Pero a partir de octubre de ese año, tras conocer las renovadas gestiones para una "salida humanitaria" de Pinochet, Matutes trabajó duramente. Ordenó cortar las comunicaciones directas entre el juez Garzón y la Fiscalía británica, el 5 y el 12 de octubre de 1999, y se comprometió a no recurrir la eventual libertad de Pinochet. Finalmente, tras sufrir dos derrotas en febrero (aceptación de las bases de un recurso para recurrir y aceptación del recurso de revisión judicial), el Ministerio de Exteriores se jugó el todo por el todo. Fue así como filtró a medios de comunicación amigos, para desviar la atención y justificarse, el informe médico que el ministro Jack Straw fue obligado a enviar a España bajo condiciones de confidencialidad. El acto final no fue menos antijudicial. El pasado miércoles, el Ministerio de Exteriores omitió ante Garzón varias cartas enviadas desde Londres. En una de ellas, reproducidas ayer por este periódico, se pedía una indicación anticipada sobre si se pensaba recurrir la liberación de Pinochet.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2000