El grupo municipal PSOE-Progresistas ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid ante la Comisión Europea por lo que considera "un incumplimiento" del proyecto Labora, dirigido a personas sin hogar, que el Consistorio ha desarrollado hasta diciembre de 1999 con fondos europeos. El citado programa perseguía la inserción laboral, como jardineros, de 41 madrileños con problemas de marginación.En el proyecto, financiado con 142 millones de pesetas (la mitad, del Fondo Social Europeo, y el resto, municipales), el Ayuntamiento se comprometía a buscar trabajo a 25 cursillistas en empresas privadas a través de la subvención del 35% de los costes laborales y a incluir a otros 15 alumnos en la plantilla del Instituto Municipal de Formación y Empleo (Imefe), cinco como operarios y 10 como auxiliares de monitor.
Según Isabel Vilallonga, portavoz en asuntos de empleo en el PSOE, el Ayuntamiento sólo ha incorporado a ocho de estas personas que persiguen su reinserción social en el Imefe, pero con un contrato de seis meses. El resto, en cuanto agoten las prestaciones por desempleo que reciben tras haber seguido este curso durante dos años, se quedarán de nuevo sin recursos.
"¿Cómo no va a poder el Ayuntamiento de Madrid colocar a estas personas en un puesto de trabajo? Así está demostrando la sensibilidad social de un lagarto", asegura Vilallonga. Todas las personas que han participado en el curso eran beneficiarias del salario social para pobres y vivían en albergues, pensiones o pisos compartidos.
Jardineros
El programa, que constaba de varias fases, se prolongó durante dos años, desde enero de 1998 hasta diciembre de 1999. Durante los seis primeros meses, los participantes recibieron formación práctica como jardineros y una beca de 25.000 pesetas. Después continuaron aprendiendo el oficio, pero cobrando primero el 70% y luego el 80% del salario mínimo interprofesional.
La concejal del PSOE también denunció que el gobierno popular sólo ha cumplido seis de las 52 medidas aprobadas por unanimidad en el pleno sobre empleo que se celebró en junio de 1998. Vilallonga calificó este hecho de "verdadero escándalo democrático". La concejal explicó que de las 46 resoluciones que no se han ejecutado después de casi dos años, 36 se han incumplido "íntegramente"; entre ellas, la de no contratar ETT desde la administración municipal o abrir un centro de la mujer en cada distrito.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2000