La petición fiscal de 300 años de cárcel por "desórdenes públicos, daños, lesiones y atentado a la autoridad" para 61 okupas detenidos en marzo de 1997 en el desalojo de un edificio en La Guindalera (Salamanca) fue calificada ayer por los afectados de "juicio político". Ese día, grupos de encapuchados rompieron lunas de bancos y, en enfrentamientos con la policía, montaron barricadas con contenedores.
El ministerio público solicita penas que oscilan entre los cuatro y los seis años de prisión para todos los imputados, a excepción de 10 que en el momento de los hechos eran menores de edad. De los 155 arrestados durante el desalojo, la fiscalía ha dejado fuera de su acusación a los 94 jóvenes que se encontraban dentro de la casa okupada .En el relato de los hechos, la fiscalía acusa a algunos de los imputados de lanzar piedras, tuercas y clavos doblados contra la policía, y a otros les imputa haber destrozado a pedradas lunas de bancos y mobiliario urbano para construir barricadas por valor de más de 1,5 millones.
Endika Zulueta, abogado de los okupas, considera que "nunca, desde el franquismo, se había juzgado a tantas personas por los mismos hechos, con una connotación política tan evidente". "Ante el desconocimiento de los autores de los daños causados en bancos y mobiliario urbano, la fiscalía ha optado por acusar de este delito y del de desórdenes públicos a todos los detenidos, algo que supone al menos dos años de cárcel. Lo normal hubiera sido que se archivase el asunto hasta conocer a los autores de los daños", añade.
"También se solicitan 200 años por delitos de atentado a la autoridad, cuando sólo tres policías resultaron con heridas leves y el único grave sufrió una contusión en una mano, sin secuelas. Algunos de estos casos, en otras circunstancias, se hubieran quedado en un juicio de faltas, lo que nos hace pensar que se pretende criminalizar a estos jóvenes", matiza.
La celebración de este juicio, con 61 procesados y centenares de testigos -sólo la fiscalía ha convocado a un centenar, a los que hay que sumar los que propongan las demás partes-, puede suponer el primer macroproceso a la okupación. Su envergadura podría superar procesos tan sonados como el celebrado por el envenenamiento por aceite de colza adulterado.
El Juzgado de Instrucción número 15 sobreseyó hace tres años la causa abierta por un delito de okupación contra los 155 detenidos. El juez consideró que no estaba probado que todos los arrestados fueran okupas, ya que sólo 94 de ellos se encontraban en el interior del edificio de La Guindalera en su desalojo. La causa por la que ahora el fiscal pide 300 años de cárcel se instruye en otro juzgado, el número 17.
Los 155 okupas arrestados, que pasaron dos noches en el calabozo, presentaron, a través de la Asociación contra la Tortura, una querella contra el delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, por "malos tratos" durante la detención. Aseguraban que recibieron insultos "y algunos golpes", que apenas se les dio de comer y que se les privó de agua durante horas. La Asociación contra la Tortura denuncia "la lentitud y trabas" que está encontrando. "Aún no ha declarado ningún policía", denuncian.
Un desalojo conflictivo
El desalojo de la antigua fábrica de Confecciones Almudena, en la calle del Marqués de Ahumada, 7, que hasta la llegada de los okupas llevaba 15 años cerrada, ha sido el más conflictivo de la ciudad. El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, tuvo que comparecer en el Congreso de los Diputados para responder a una pregunta del PSOE sobre "por qué la policía actuó de forma tan extraordinaria -acordonando la zona- y procedió a una detención tan masiva de jóvenes". También el Defensor del Pueblo investigó el asunto tras las quejas recibidas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2000