No hay ningún argumento presentable en contra de la celebración de debates por televisión entre los dos principales candidatos. Impresentables hay muchos, como los que ha venido esgrimiendo Aznar. Tan impresentables eran sus razones que el PP aceptó finalmente ayer la hipótesis de un debate entre cuatro candidatos: los del PP, CiU, PSOE e IU. Condicionado, eso sí, a que no se oponga ninguno de los grupos parlamentarios excluidos. Una cláusula suspensiva que en última instancia deja la decisión en manos del PNV y Coalición Canaria. Dada la improbable aceptación de éstos, el PP pretende descargar sobre otros la responsabilidad de que no haya debates en televisión, algo que reclama una gran mayoría de los electores.Los favoritos prefieren en general evitar la confrontación directa. Ya en 1989, González, que partía con 14 puntos de ventaja, se escudó en la falta de acuerdo de los otros candidatos para rehusar el cara a cara con un Aznar que debutaba como candidato. En 1993, con un resultado incierto en los sondeos, hubo dos debates entre los candidatos del PSOE y el PP, pese a las resistencias de Anguita y otros. Aznar argumentó la necesidad del cuerpo a cuerpo con González por tratarse de los dos únicos candidatos con posibilidades reales de llegar a La Moncloa.
En 1996 era Aznar, a quien los sondeos daban nueve puntos de ventaja, el que no quería debate. Pero el argumento -sugerido por el capitán Araña periodístico que embarcó a Anguita en la nave de las dos orillas- fue que sólo sería democrático si participaban los aspirantes de las tres formaciones que presentaban candidaturas en todas las circunscripciones. O sea, la pinza o nada. Hubo nada: cero debates.
Por eso resulta tan hipócrita que los capitanes de Aznar insinúen ahora -después del acuerdo PSOE-IU- que es condición imprescindible la presencia de las fuerzas nacionalistas. Hay razones políticas y psicológicas para pensar que, efectivamente, a Aznar no le conviene un debate con Almunia. Pero es una impostura pretender que hay altas motivaciones democráticas para ello. Al revés: los intereses de los electores -clarificación de opciones, extensión del mensaje, participación- se supeditan a los del PP. Porque hay acuerdo entre los expertos en considerar que no se ha inventado un procedimiento más eficaz (ni más barato) para confrontar las ofertas políticas que el debate televisado: llega directamente a millones de electores y la posibilidad de réplica es un potente freno a la demagogia desbocada. De hecho, los debates por televisión se han convertido en el eje de las campañas en casi todos los países desarrollados.
No es una cuestión que pueda fijarse por ley, pero sí un uso que sería deseable establecer. Para ello, tal vez Almunia debería comprometerse desde ahora a que, si gana y gobierna, aceptará en las siguientes elecciones un debate con el candidato del primer partido de la oposición. La gente quiere debates. Si es entre Almunia y Aznar, mejor. Pero si el segundo no se atreve, que sea entre tres; y si tampoco, entre cuatro. Pero mejor que haya debate a que no lo haya.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2000