Nada augusto, Pinochet ha regresado a Chile física, moral y judicialmente derrotado. No se ha hecho justicia con él, por lo que resulta comprensible la frustración de las víctimas de su cruel dictadura. Pero los 503 días de detención domiciliaria en Londres no habrán pasado en balde, ni para Pinochet, ni para Chile, ni para el mundo. Su caso ha marcado un antes y un después. Hoy, el mundo es un poco más justo que cuando el dictador fue detenido en Londres, en octubre de 1998, a requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, para su extradición a España. Se ha generado una jurisprudencia que pone fin a la impunidad de criminales de su calaña.A partir de ahora, como señaló ayer el ministro del Interior británico, Jack Straw, tras decretar su liberación en cumplimiento de la ley británica, "los que cometen abusos contra los derechos humanos en un país no pueden asumir que estarán a salvo en otro".
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Se ha abierto la veda. El ex dictador chadiano Hissène Habré ha sido inculpado en Senegal; y seguirán otros. Ningún dictador volverá a pasearse a sus anchas, ni a ir de compras o de médicos a Niza, Marbella o Londres. Se ha iniciado una especie de globalización judicial, una red de acuerdos bilaterales e internacionales en la que cayó Pinochet. Esa red requiere ahora una plasmación estable, fundamentalmente a través del futuro Tribunal Penal Internacional (TPI), que recibe así un enorme impulso.
Pinochet no ha sido juzgado por sus crímenes, pero los jueces de la Cámara de los Lores, la más alta instancia judicial británica, sentenciaron con ocasión de su proceso que un ex jefe de Estado no goza de inmunidad frente a acusaciones de tortura. Un avance histórico en la causa de los derechos humanos.
Pinochet, que llegó a Londres como otras veces tan seguro de sí que ni siquiera se protegió con una cobertura diplomática, ha partido de Inglaterra inculpado por delitos de tortura y conspiración para la tortura. El dictador que pisoteara los derechos de sus víctimas se ha beneficiado no sólo de la presunción de inocencia de todo reo, sino también -lo que tiene que ser humillante para él- de la compasión democrática. Que ese concepto pueda ser tomado en consideración, como lo ha sido por el ministro Straw -con el apoyo evidente del Gobierno de Blair- para poner en libertad al octogenario general golpista, es algo que no habrá dejado de desconcertar al propio Pinochet. Nadie recurrió ayer la decisión del ministro.
Durante meses, desde Londres y desde Madrid, se ha buscado esta salida humanitaria. Pero sólo se ha podido escenificar por el deterioro de la salud de Pinochet a partir de septiembre pasado. La credibilidad de la decisión de Straw habría aumentado con un segundo examen médico que hubiera eliminado toda duda. Para evitar el escándalo de una recuperación milagrosa de Pinochet en cuanto pise tierra chilena. Pero es ya una cuestión que deberán abordar los propios chilenos, algunos de cuyos jueces y responsables políticos han prometido llevarle ante la justicia por los crímenes cometidos. La salud democrática chilena requiere que Pinochet desaparezca de la vida política. Si está incapacitado para someterse a juicio, también debe estarlo para sentarse en el Senado. Su ausencia de 16 meses ha impulsado a los chilenos a revisar su pasado, a crear mesas de diálogo entre militares y abogados de las víctimas y a suavizar el debate político. Su detención habrá contribuido al avance de la causa democrática.
Mucho de esto se debe al tesón del juez Garzón, que ha tenido que lidiar con las resistencias de su propio Gobierno. Éste ha tenido una actuación bochornosa en muchos estadios de este largo procedimiento. Pese a predicar respeto a la independencia judicial, ha hecho lo posible por socavarla. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, reflejo de la derecha más rancia, llegó a justificar el golpe de Pinochet, respaldado por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Y el Gobierno utilizó todos los instrumentos legales a su alcance para entrabar la acción de Garzón. Por ello resulta un acto de cinismo que el ministro de Exteriores, Abel Matutes, expresara ayer su amargura "al sentir que la justicia no haya podido llegar a los últimos extremos en este caso".
Aznar y su Gobierno pueden considerar con "hilaridad" las críticas de la oposición, pero mientras Felipe González o Joaquín Almunia han expresado públicamente sus opiniones al respecto, aunque a menudo no coincidentes, el Gobierno -que filtró los informes médicos enviados por Londres rompiendo la confidencialidad establecida por los jueces- ha tenido buen cuidado en evitar pronunciarse sobre el fondo del asunto durante 503 días. Previsiblemente, no lo hará nunca.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2000