La propuesta de Joaquín Almunia de imponer un canon a las empresas privatizadas está inspirado en el windfall tax aplicado por los laboristas británicos a su llegada al poder, en julio de 1997, para corregir los excesos del programa de privatizaciones de los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher y John Major. El nuevo impuesto británico, -especial y en régimen único, como propone el PSOE- se aplicó sobre los beneficios extraordinarios de las empresas privatizadas de servicios públicos, y lo recaudado por el Tesoro se destinó a la promoción de empleo entre los jóvenes y los parados de larga duración.
El windfall tax tuvo una buena acogida popular, una vez demostrado que la Administración conservadora había infravalorado el precio de salida de algunos monopolios estatales y, sobre todo, tras las críticas sociales desatadas por la nueva gestión de las compañías privatizadas: salarios desorbitados para los ejecutivos -stock options incluidas- al tiempo que se producían masivas remodelaciones de plantilla. Pese a los temores iniciales, el impuesto tampoco afectó a las buenas relaciones entre el empresariado británico y el Ejecutivo de Tony Blair.
El sistema, bautizado también como fórmula Brown en honor del ministro de Finanzas del Gobierno Blair, Gordon Brown, recaudó para las arcas del Tesoro británico 5.200 millones de libras (1,5 billones de pesetas). Las empresas afectadas pertenecían al sector eléctrico, las industrias de agua y gas, telecomunicaciones (British Telecom), aviación y aeropuertos (BAA), y la red de ferrocarriles británica (Railtrack). Cada empresa pagó una tasa del 23% sobre la diferencia entre el valor de la compañía en la fecha de su salida a Bolsa y el valor calculado sobre sus beneficios en los cuatro años siguientes a la privatización.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de marzo de 2000