Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Denunciada una empresa de la base de Morón por no dar de alta a los empleados de EE UU

Un ex trabajador de la base militar estadounidense en Morón de la Frontera (Sevilla) denunció ayer en el área de Trabajo de la Delegación del Gobierno central en Sevilla que la empresa J. A. Jones, sociedad encargada de prestar servicios en la base, tiene contratados alrededor de 200 trabajadores norteamericanos "de los cuales el 90% no están dados de alta en la Seguridad Social". El denunciante, que prefirió mantener su anonimato, explicó que J. A. Jones "contrata" a militares estadounidenses retirados para "ocupar puestos de responsabilidad" o "ser jefes de los operarios españoles". "De esta manera los ex militares cobran dos pagas. Por un lado, su jubilación y por el otro, el sueldo que les paga J. A. Jones", comentó.

Según el ex trabajador de la base, esta empresa, que funciona como una subcontrata del cuartel, emplea a los soldados jubilados a cambio de recibir un salario menor que los trabajadores españoles. "Algo a lo que acceden ya que cuentan con su paga por jubilación".

El denunciante dijo que el tratado bilateral entre España y Estos Unidos sobre las bases militares "sólo atiende a los militares y no dice nada de los civiles". "A los inmigrantes marroquíes que llegan a España les obligan a darse de alta en la Seguridad Social cuando obtienen un puesto de trabajo. Sin embargo, en esta empresa se creen que pueden hacer lo que quieran cobijados por la valla metálica de los militares".

Esta es la segunda denuncia que recibe la empresa en menos de una semana. En la anterior se acusaba a J. A. Jones de utilizar vehículos militares para transportar a los trabajadores hasta la base "sin contar con permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica de vehículos, tarjeta de transporte, tacógrafo y hoja de ruta". Este periódico intento ponerse en contacto con los responsables de J. A. Jones sin que fuera posible.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de marzo de 2000