La magistrada suplente del Juzgado Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia ha concedido a un ciudadano peruano la exención de visado y el permiso de residencia al entender que el inmigrante forma una pareja estable con otro varón, en este caso español y residente en el área metropolitana de Valencia. La juez, cuya decisión revoca una resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, considera al solicitante "cónyuge" de un ciudadano español, a pesar de la falta de regulación legal existente en España sobre las parejas homosexuales. A partir de esa condición, el fallo establece que la concesión del permiso es obligatoria al concurrir la "circunstancia excepcional de reagrupación familiar".
La sentencia es muy innovadora, según fuentes jurídicas consultadas. Aunque basa su resolución en variada jurisprudencia, su carácter pionero reside en el tratamiento de familia que otorga a una pareja homosexual y, a consecuencia de ello, la exención de visado que otorga al ciudadano peruano. En ese sentido, la juez aclara la estabilidad de la relación: Ambos están empadronados en el mismo domicilio y están inscritos en "el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana" desde finales de 1998.
Además, la magistrada apela a una sentencia del Tribunal Constitucional para recordar que aunque el referido "modelo de convivencia todavía está desprovisto de normativa específica, ello no obsta para que a la vista de la realidad social (cada vez más plural en lo que al concepto familiar se refiere)" se amplíen a otras relaciones los derechos reconocidos al matrimonio clásico.
Ley de parejas de hecho
La alegría con la que el coordinador del Colectivo Lambda en la Comunidad Valenciana, Rubén Sancho, recibió la decisión no le impidió aludir a las sombras a las que se enfrentan las parejas homosexuales. Sancho destacó la importancia del registro de parejas de hecho de la Comunidad -que ha servido de aval para probar la relación que mantienen los dos ciudadanos-, pero se lamentó de la inseguridad jurídica a la que se enfrentan las parejas de gays y lesbianas al estar sometidos a la interpretación legal por la que se incline el juez en cada caso.
El responsable de Lambda exigió la aprobación de una ley de parejas de hecho e incluso fue más allá al pedir un desarrollo legal que permita el matrimonio civil entre personas del mismo sexo para que de esta forma "puedan disfrutar de los mismos derechos y obligaciones" que los matrimonios heterosexuales.
Javier Botey, abogado del Centro de Información para Trabajadores Migrantes de Comisiones Obreras de Valencia, que representó al ciudadano peruano en su recurso, se refirió a la decisión de la juez como una "pequeña conquista del movimiento gay", al ser "pionera" en el reconocimiento de derechos a una convivencia de hecho entre personas del mismo sexo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de marzo de 2000