El Ayuntamiento de Granada aprobó ayer provisionalmente una nueva ordenanza que permitirá a la Policía Municipal endurecer las actuaciones contra los dueños de los ciclomotores que produzcan un ruido excesivo. La medida contempla multas de entre 5.000 y 15.000 pesetas y, sobre todo, la posibilidad de inmovilizar los vehículos más ruidosos y obligar a su propietario a correr con los gastos de traslado, almacenaje y arreglo de la moto. La ordenanza deberá ser aprobada definitivamente por el pleno del Ayuntamiento.Con esta disposición, el Consistorio granadino adecua su antigua y "obsoleta" ordenanza sobre ruidos de motocicletas al nuevo Reglamento General de Vehículos, que prohíbe circular con dispositivos no homologados y permite la inmovilización de los vehículos de dos ruedas con tubos de escape rectificados. El concejal delegado de Medio Ambiente, Baltasar Garzón (IU), explicó que la ordenanza servirá para paliar las molestias generadas por las motocicletas "en una de las ciudades más ruidosas de Europa". "El 90% de los ruidos de Granada son producidos por ciclomotores", aseguró.
La nueva ordenanza establece el método de medición para determinar si el ruido es "causa perturbadora para las actividades, reposo o tranquilidad de las personas". Y tipifica tres clases de multa en función del nivel sonoro de las motos: poco ruidosas, que superan en menos de tres decibelios el sonido máximo permitido, 5.000 pesetas de multa; ruidosas, que superan en menos de seis decibelios el máximo, 10.000 pesetas de multa; e intolerables, que exceden en seis decibelios el máximo permitido, 15.000 pesetas de multa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de marzo de 2000