La liberalización, la competencia y lo que ello supondría -en disminución de ingresos- para las compañías eléctricas españolas fueron los grandes argumentos que manejó el Ministerio de Industria a la hora de defender, en España y en Bruselas, los llamados costes de transición a la competencia (CTC) desde septiembre de 1998.Los 1,3 billones de pesetas en concepto de CTC, tramitados como ayudas de Estado por la Comisión Europea en julio de 1999 -lo que motivó un recurso del Gobierno español ante el Tribunal de Luxemburgo- están aún pendientes de la autorización definitiva del comisario de la Competencia, Mario Monti.
En este contexto, la OPA de Unión Fenosa sobre Hidrocantábrico, que de triunfar reduciría de cuatro a tres los actores eléctricos españoles, puede tener consecuencias importantes para los CTC y su cuantificación. Y ello porque no es fácil vender a un tiempo la liberalización del mercado eléctrico y la concentración de sus empresas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de marzo de 2000