El caso de la supuesta mafia policial, que comenzó a investigarse en Zaragoza en junio de 1995, se desmorona como un castillo de naipes. El fiscal, Carlos Sancho, levantó ayer del banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza a diez de los 25 imputados y rebajó las penas a los otros 15. Sólo a dos de los siete policías que continúan imputados les acusa de cohecho por haber recibido, supuestamente, pagos de prostitutas y dueños de locales de alterne a cambio de facilitarles información. A los otros cinco funcionarios les acusa de revelación de secretos y omisión en el deber de perseguir delitos.Entre los que salieron libres de cargo están dos de los nueve policías imputados y un abogado, que fue involucrado en el proceso a raíz de una conversación telefónica con uno de sus clientes. Además, para el resto de los acusados -traficantes, prostitutas y dueños de locales de alterne- rebaja sensiblemente las penas con las que llegaron a un juicio que se inició el 7 de marzo en la Audiencia zaragozana.
El fiscal pide la pena más alta para Luz Divina Valentín, una mujer de 65 años conocida como La Peque y supuesta confidente de algunos de los agentes imputados, quien se enfrenta a una petición de nueve años de prisión por tráfico de drogas y obstrucción a la justicia. De entre los siete agentes que continúan imputados, la pena más alta la solicita para Ángel Visiedo, a quien le rebajó de diez a cuatro años de cárcel su petición inicial, y de 22 años de inhabilitación a 15 por cohecho, revelación de secretos y omisión del deber. El ministerio público acusa al policía Visiedo de recibir favores del propietario del club Castilla, sobre todo cocaína para su consumo y entregas indeterminadas de dinero, a cambio de alertarle de redadas, al igual que hacía con los otros dos propietarios de locales de alterne imputados en la causa.
"Un montaje"
El fiscal basó la acusación contra los 15 imputados que quedan en el proceso, uno de ellos en rebeldía, en la declaración del testigo protegido Koster y en las escuchas telefónicas de la Unidad de Asuntos Internos que investigó el caso. Los abogados de los acusados insistían en que lo ocurrido durante la jornada de ayer demuestra que el caso "ha sido un montaje" que ha perjudicado a sus clientes y les ha involucrado "en un macroproceso que ha costado más de 100 millones de pesetas y que no ha estado sujeto a las garantías necesarias". Algunos recordaron al senador Carlos Piquer, quien se quitó la vida en noviembre de 1997, agobiado por las declaraciones de una prostituta que le acusó de incitarla a consumir droga que presuntamente había sido pagada con dinero del Grupo Socialista de las Cortes de Aragón.
El fiscal insistió ayer, en la lectura de las calificaciones, que el juez instructor, Carlos Lasala, actuó correctamente y que no se había violado ningún derecho constitucional. La fiscalía subrayó que las grabaciones telefónicas se hicieron correctamente y agregó que no había visto "fallo alguno" en la instrucción del sumario y que se actuó con "datos indiciarios que están en el sumario".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de marzo de 2000