La titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Valencia ha decretado el archivo de las pesquisas seguidas contra la UGT por un supuesto delito contra la Hacienda pública y otro de estafa. La magistrada Rosa María Olarte investigaba si una organización directamente relacionada con la central sindical, la Fundación Pascual Tomás, había desviado a fines distintos de los previstos varias subvenciones recibidas entre 1993 y 1995 de la Fundación para la Formación Continua (Forcem), un organismo gestionado por el Estado, la patronal y los sindicatos. Apenas ocho meses de trabajo han servido para descartar esa posibilidad. La juez, en sintonía con la petición de los abogados de UGT y la Fundación y, sobre todo, a la vista de las conclusiones de la Fiscalía, ha sobreseído el asunto ante la falta de indicios de delito.
De hecho, Margarita Gomá, la representante del ministerio público en el caso, solicitó el sobreseimiento provisional de la investigación por varias razones: principalmente, porque "no queda acreditada acción" perseguible penalmente" y una auditoría no ha detectado irregularidad alguna. La propia Fiscalía fue quien remitió al juzgado la denuncia previa de la Intervención General del Estado.
Así, el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia investiga si varios cargos de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) pudieron incurrir, en idéntico periodo, en algunas irregularidades similares.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de abril de 2000