El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, a través de su portavoz Ana Noguera, solicitó ayer a la alcaldesa Rita Barberá que certifique si los tres ediles que constituyeron la comunidad de bienes registraron su participación en la compra del solar de Mossen Sorell y, en caso afirmativo, con qué fecha. Una obligación que tiene su base legal en el artículo 75.5 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Noguera aseguró que Barberá "tiene la obligaciónd de mantener la honorabilidad de la Corporación ante la inmoralidad y la falta de ética de sus concejales" y criticó que se utilice una fundación como coartada.Horas después de la petición de la oposición, el propio concejal de Urbanismo, Miguel Domínguez, reconoció que ni él ni los otros dos ediles de su partido habían declarado su particípación en la sociedad en el Registro de Bienes e Intereses de la Corporación por un retraso en el envío de la documentación notarial pertinente relacionada con la compra del solar. Domínguez negó que hubiese tenido "ningún tipo de lucro personal" e indicó que todos los integrantes de la comunidad de bienes actuaron en favor de la Fundació Vives, a la que pertenecen. El edil indicó que la próxima comisión de Urbanismo presentará todos los informes que "avalarán la transparencia" de la compra.
Por otra parte, la plataforma Salvem El Cabanyal remitió ayer un escrito a Barberá exigiendo la destitución de Domínguez y las responsabilidades derivadas de la actuación de los tres ediles del PP.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de abril de 2000